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A vueltas con la ley de las finanzas públicas

1. El karma, ese fantasma cósmico que nos acompaña en cada uno de nuestros actos, tiene una especial predilección por sentenciar en los momentos más difíciles para las víctimas de sus imponderables decisiones; pero es que además, utiliza su figura y poderes celestiales para castigar a quienes por razones que la razón no comprende, se sienten por encima de las leyes universales, a saber: los políticos.

2. Entre los años 2018-2019 se produjeron múltiples manifestaciones contra las pretensiones del Poder Ejecutivo -materializadas con la complicidad del Poder Legislativo- de imponerle a las escuálidas finanzas personales y empresariales, una carga tributaria más grande con un desconcertante cúmulo de obligaciones formales ante la Administración Tributaria, de forma tal que de un plumazo, todos nos convertimos en funcionarios públicos -sin paga- haciendo el trabajo que les corresponde a ellos y, por otro lado, el Estado se convirtió bajo su fuerza imperial, en socios de todos nosotros y nos impone entregarle un porcentaje del fruto de nuestro trabajo, sin ninguna colaboración de su parte para producirlo.

3. En pleno Siglo XXl regresamos a los tiempos de Robin Hood, donde el monarca exprimía al pueblo con impuestos cada vez más gravosos sin ninguna retribución a cambio, ni siquiera del orden emocional -sentir que estamos más seguros, por ejemplo- con el agravante de que, además de exigir más dinero por no hacer nada, se regodea en complicar el quehacer de los que sí saben hacer lo que deben hacer, para pagar lo que se les exige pagar.

4. El Robin Hood presente no será el bandido encantador que robaba los impuestos de la Corona para reintegrárselos a los pobres, sino que el papel del querido delincuente será representado por toda la sociedad, pero curiosidades o coincidencias, aplicando la misma fórmula utilizada para la época en que se ambientó el relato: la informalidad.

5. De acuerdo con el cuento, los campesinos registraban su producción ante los representantes del monarca en las distintas regiones, cuya información se utilizó para crear registros estadísticos sobre la capacidad productiva, dato que servía para la imposición de los tributos.

6. Sin embargo, los campesinos “hastiados” de los abusos impositivos, modificaron los registros reales con la omisión de información, utilizando dos o más fuentes de producción de las que solamente se declaraba la formal para efectos impositivos, acudiendo entonces al trueque y al traslado “sin registro” de mercancías de un pueblo a otro -lo que ahora sería contrabando- con ventas no declaradas y así evadir la voracidad fiscal del abusivo rey.

Los hechos de vuelta al Siglo XXl

7. La pandemia del COVID-19, de la que no hace falta ahondar por su cotidiana presencia, logró lo que no pudieron las manifestaciones, ni lo que las voces autorizadas de múltiples sectores señalaban con estruendosidad: el incremento de los impuestos producirá desactivación económica, más desempleo y mayor pobreza.

8. Fue más fuerte la terquedad política de los poderes ejecutivo y legislativo, ambos conformados con una cantidad ahistórica de funcionarios sin formación política -no nos referimos a estudios académicos, sino al conocimiento de la realidad social de un Estado- y especialmente con un legislativo ingenuo que bajo la premisa de hacer “oposición responsable” le sirvieron al Ejecutivo en bandeja de plata todo lo que necesitaba para seguir gastando como si no hubiese déficit fiscal y, de paso, destruir lo poco que quedaba del parque empresarial, del empleo, del emprendedurismo en el ánimo de algunos valientes.

9. La pandemia del COVID-19 cambió todo: el cierre de cientos de empresas, la pérdida de cientos de miles de empleos, la ausencia o drástica reducción de las importaciones y exportaciones, la disminución del consumo de combustibles por teletrabajo, educación asistida por medios electrónicos o a distancia implicará una drástica reducción de la recaudación tributaria con una severa repercusión en el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado.

10. Por ahora, la voracidad fiscal del Estado quedó en pausa obligada, con el agravante de que no la podrá retomar en mucho tiempo, porque antes será necesario que se restablezca la capacidad productiva a lo interno y externo, para exportar a terceros mercados lo que produzcamos e importar lo que necesitemos, porque las variables externas no dependen de las decisiones políticas internas, aunque buenas respuestas del parlamento facilitarán el incremento de la actividad doméstica.

Lo que viene

11. La incerteza sobre la duración del flagelo sanitario, delimita el accionar de los poderes públicos en sus decisiones, por ahora más dirigidas a buscar fórmulas para disminuir los daños que a procurar un realce de las condiciones productivas para sostener el tinglado social que conforma todo colectivo definido; es decir, mientras se mantenga la crisis epidemiológica, las decisiones políticas tenderán a paliar las profundas heridas sociales y económicas producidas por esta y menos a cicatrizarlas.

12. Una vez superada la pandemia y se complete el inventario de daños humanos y económicos, a los poderes Ejecutivo y Legislativo les corresponderá convertirse en el centro neurálgico de la solución de los problemas nacionales, con especial énfasis en la reactivación económica de la que dependen las demás variables. Ya dijimos en el párrafo 11) que habrá situaciones que le son ajenas, pero habrá otras en las que la discusión se concentrará en el grado de intensidad de las medidas, con ajenidad a su conveniencia partidista electoral, pero es que no les quedará de otra.

13. Retomemos algunos temas señalados arriba: 1) empresas cerradas, 2) sociedades liquidadas, 3) miles de desempleados, 4) pocas importaciones, 5) reducidas exportaciones, 6) contracción del consumo, 7) miles de créditos impagos; 8) reducción de la capacidad de endeudamiento empresarial e individual; 9) crisis del sector inmobiliario; 10) caída sin paracaídas de las actividades agrícolas, pesqueras, industriales y en la construcción, 11) salarios reducidos.

14. Aunque los poderes legislativos o ejecutivos así lo crean, imponer más impuestos no resolverá, sino que ahondará los problemas, de manera que lo único posible es lo contrario, la “reducción de la plataforma impositiva”, es decir, volver a cuentas con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuya vida útil no superará la infancia, por la testarudez de ambos poderes, que en su momento fueron incapaces de ver más allá de sus fosas nasales, lo cual no se verifica por la pandemia sino por la lógica.

15. Mientras el resto de los países del mundo, con problemas de productividad, rentabilidad pública y empleo utilizaron con éxito la reducción de impuestos como fórmula para reactivar la economía, aquí aplicamos el medicamento contrario -tal vez pensamos que íbamos a cambiar el mundo- cuyos efectos no se hicieron esperar: aumento de la tasa de desempleo, contracción del consumo, cierre de empresas y nuevas formas de evasión y empleo informal, con el consecuente golpe a las cotizaciones a las instituciones de bienestar social.

16. Pero vamos por partes. En Costa Rica el presupuesto nacional y el de una gran mayoría de entidades públicas se nutre de los impuestos pagados por los sectores productivos del sector formal y privado de la economía. Como contrapartida, el aparato estatal consume posiblemente más del 85% del total de la recaudación tributaria, lo que significa -sin necesidad de ser un letrado en las finanzas públicas-que para la satisfacción de las prestaciones públicas el Estado cuenta con un exiguo 15% (si estamos más o menos cerca en las proyecciones)

17. El cierre de cientos de empresas, la liquidación de cientos de sociedades, el desempleo, la desaceleración industrial, agrícola y comercial, la contracción del sector de la construcción y del sector inmobiliario en general, tendrá sin duda alguna de mi parte, dos implicaciones: a) un aumento de la informalidad en el sector productivo y, b) una profunda reducción de la recaudación de tributos y contribuciones especiales: CCSS, INA, FODESAF, Banco Popular.

18. En otras palabras, las decisiones legislativas que se avecinan solamente tienen una ruta: la reducción de la carga tributaria, porque quiérase o no se quiera, con el panorama expuesto de manera somera, no habrá dinero ni para pagar los salarios del sector público, incluyendo el de los diputados, porque, como se dijo, al margen de la conveniencia o inconveniencia política electoral (imagen de partidos y desde ahora, de algunos precandidatos) es un tema de supervivencia del Estado y de los cientos de miles de funcionarios públicos cuyos salarios dependen de las rentas públicas; como también es la dependencia de los servicios de salud, de servicios sociales (FODESAF-INA-IMAS) y otros, que se verán mermados en su recaudación si se mantienen las tasas impositivos actuales.

Legislación que se va a requerir

Leyes inmediatas

19. De moratoria para el registro de accionistas o beneficiarios finales ante el BCCR, cuyos plazos de vencimiento llegó en un momento álgido del problema sanitario.

20. Suspensión del cobro del impuesto a las sociedades, porque serán muy pocos los valientes que decidan mantenerlas vigentes, para registrar un carro o una casa, que son la gran mayoría.

21. Reducir el porcentaje de comisión de los bancos públicos y mutuales en la tramitación de créditos inmobiliarios para clase media, media baja y baja así como exonerar de impuestos de transferencia el primer traspaso del inmueble adquirido.

22. Reformar la Ley Orgánica de la CCSS para eliminarle a la Junta Directiva, por al menos tres años, la posibilidad de subir los porcentajes de contribución a los patronos y trabajadores, estableciéndose por ese plazo un porcentaje invariable.

23. Establecer por regla escrita, que todos los que se quieran empadronar en la CCSS empiezan a cotizar a partir del momento en que se registren, sin cobros retroactivos. Se dice que por regla escrita, porque el cobro que hace la CCSS en la actualidad es por una interpretación antojadiza y no porque lo diga la ley.

24. Reducir los aranceles del Registro Público y disminuir el porcentaje del impuesto de traspaso de bienes muebles e inmuebles para estimular su comercialización.

25. Rebajar el IVA -le guste o no le guste al Poder Ejecutivo- porque de mantenerlo en la tasa establecida aumentará la informalidad en las transacciones comerciales así como el contrabando y sobre todo, facilitar el pago de los impuestos reduciendo la discrecionalidad del Ministerio de Hacienda para hacer interpretaciones subjetivas de las normas tributarias que solamente complican al contribuyente

26. Las Municipalidades deberán rebajar el impuesto de patentes, impuestos territoriales y reducir requisitos para abrir negocios, así como facilitar, flexibilizar y aligerar los trámites para la extensión de los permisos de construcción.

27. Una reforma a la Ley del Colegio de Ingenieros y Arquitectos para eliminar el cobro de tarifas de construcción de acuerdo al monto y limitarlo a un cobro por la revisión de planos, puesto que se trata de un colegio profesional que no presta ningún servicio público; demás de la doble imposición por la misma actividad, al tener que pagar además un 1% de valor total de la construcción a la municipalidad concernida.

El cobro autorizado al Colegio de Ingenieros y Arquitectos es ilegítimo, porque carece de respaldo constitucional, de lógica, razonabilidad, proporcionalidad y finalidad públicas, al tratarse de una organización gremial -igual a los demás colegios profesionales- cuyos presupuestos se nutren de la contribución directa de los agremiados por medio de la cuota e indirectamente por medio del timbre respectivo y se utiliza en: fiscalizar el ejercicio profesional, mejorar las condiciones de sus agremiados y asegurarse que quienes ejerzan la profesión hayan cumplido los requerimientos académicos. Nada más.

Lo que sigue

28. Sin duda alguna, este es el momento para que el Poder Legislativo demuestre su capacidad de reacción; su compromiso con el sociedad sin cortapisas y sin aspavientos publicitarios; se requiere de voluntades férreas y decididas a resolver lo que corresponda sin esa debilidad de carácter que hasta ahora se ha reflejado en el accionar de muchos parlamentarios, ya sea que por aspiraciones políticas rehúyen el enfrentamiento, por incapacidad o por temor a enfrentar una realidad, la que por más que intentaron disfrazarla de patriotismo, les reventó en la cara.

Dr. César Hines C.

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