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Costa Rica: Una democracia debilitada.

1. Normalmente durante las crisis es cuando se perciben con mayor claridad las necesidades reformatorias en un Estado, y -para el caso de Costa Rica- el “pueblo” como institución integradora de los poderes públicos, al tenor del artículo 9 de la Constitución Política, también está sometido a esos cambios de los que somos conscientes, pero que por la lógica inclinación en tiempos de “paz” -se tiende a posponerlos, para evitar “arreglar lo que no está roto” con el peligro adicional de perturbar la tranquilidad -cuando menos en apariencia- presente de la que se disfruta.

2. La actual crisis del orden sanitario dejó al descubierto las falencias estructurales en varios flancos del poder público que demandan el replanteamiento de situaciones y soluciones que se presumían superadas, cumplidas o resueltas.

3. En los albores de 200 años de vida independiente -que no democrática, empañada en tres ocasiones con dictaduras que, aunque de corta duración, forman parte de la realidad histórica imposible de soslayar si se quiere afrontar la realidad de manera objetiva- esta crisis sanitaria desnudó la fragilidad institucional en los tres principales centros de poder, el legislativo, el ejecutivo y en el judicial, representado en este caso por la Sala Constitucional.

4. Nos inclinamos por el término fragilidad institucional porque no estamos ante un Estado fallido, puesto que las instituciones funcionan; los poderes públicos están en el pleno disfrute de sus facultades legales y constitucionales, se mantiene el control sobre el territorio, todavía se provee prestaciones sociales, cuando menos en los servicios básicos, se mantiene una organización medianamente funcional, la corrupción y la criminalidad no llegan a un nivel de generalización que conduzcan al Estado fallido, como lo caracteriza algún autor.[1]

5. Estamos en realidad frente a una democracia debilitada. La democracia como sistema político considera entre sus características principales, la distribución del poder entre órganos estructuralmente independientes entre sí, pero interdependientes en su accionar, bajo la técnica de los mutuos controles, se suman a esa división para el control del poder, las distintas ideologías que campan y se afianzan en el sistema a través de las organizaciones sociales que les proporcionan apoyo material para ejercer el poder, llámense partidos políticos, asociaciones de trabajadores (sindicatos) o empresariales (cámaras) y otras representantes sectoriales.

6. Desde hace aproximadamente dos décadas, ese nuestro sistema político viene evidenciando debilidades y la institucionalidad se ha logrado mantener por las fuertes raíces con las que está sostenida, con algunos fracasos sectoriales y aislados, por lo que ante la caída de uno o dos de los grandes poderes, se ha erguido el tercero como apoyo; sin embargo, esa circunstancia que es más producto de la falta de coincidencia temporal entre los decaídos -casi producto del azar- ha causado debilidades institucionales que conducen a la paulatina inoperancia del sistema, urgido de cambios operacionales antes del descalabro general.

7. Las transformaciones que a lo largo de 71 años de Constitución Política se han introducido en el sistema de gobierno, han tenido escasa repercusión en la colectividad, algunas incluso resultan hasta desconocidas para el grueso de la población, tal es el caso de la reforma al artículo 9 de la Constitución Política que incluyó al “Pueblo” como un órgano constitucional en la conformación del gobierno y otros como la reforma al artículo 105 ibid, que introdujo el referendum, para legislar directamente, sin pasar por el tamiz de los partidos políticos representados en el Congreso, carente de instrumentos para su eficiencia operativa.

8. Esos cambios, que en su esencia debieron generar un remozamiento del sistema político del Estado costarricense, quedaron en meras expresiones jurídica-literarias agravadas por una escalofriante pasividad social que atenta contra nuestra centenaria democracia, por la (con)fusión funcional de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial a través de la Sala Constitucional.

9. Las continuas muestras de dependencia de un poder frente al otro y de dos frente al tercero, han debilitado el sistema político, fenómeno que inició con la torcedura de voluntades sufrida por la Sala Constitucional para anular la reforma constitucional al artículo 132[2] en donde se prohibía la reelección presidencial, esto con el fin de facilitarle el acceso al cargo a una persona en particular, ocasionando lo que un expresidente calificó como un “bazucazo a la democracia”[3] lo que generó una mancha indeleble en la historia patria. Esa lamentable decisión del más alto intérprete de la Constitución -con independencia de quien resultara favorecido- constituyó un retroceso en el desarrollo democrático del Estado costarricense al resucitar lo que el constituyente de 1969 había enterrado con la reforma anulada: el caudillismo.

10. En el artículo “A sesenta años de Constitución Política”, de mi autoría y que aparece en la obra Colectiva Temas de Derecho Público (2011), realicé un recorrido por los tres poderes del Estado costarricense, con señalamiento puntual de hechos relevantes -desde mi óptica como autor claro está- al asociar los sucesos con los principios y la finalidad constitucional, esto es, con las pretensiones del Constituyente, dejando ver, la necesidad de un remozamiento subjetivo de los centros de poder ante el enquistamiento jurásico de las formas de hacer política y los fines para los que pretendían el poder, lamentablemente, todos contrarios a los valores decantados de la Constitución.

11. Las democracias se sostienen cuando se respeta su Constitución Política, de ese cuerpo armónico de reglas con vocación de permanencia, cuya sabiduría estriba en su atemporalidad y capacidad para ofrecer soluciones a situaciones impensables en el momento de su creación, a tal punto que cuando son respetadas en su espíritu y en su texto, las reformas resultan innecesarias.

12. Sobre el valor de la Constitución como regla suprema de un Estado, resulta propicio transcribir un texto de Chateaubriand relacionado con un debate en el Parlamento inglés, con ocasión de los acontecimientos a posteriori provocados por la Revolución Francesa: «En 1792, míster Burke se malquistó con míster Fox. El motivo fue la Revolución Francesa, que míster Burke atacaba y que míster Fox defendía. Nunca los dos oradores, que, hasta entonces, habían sido amigos, hicieron tal despliegue de elocuencia. La Cámara, al completo, se sintió conmovida por ello, y los ojos de míster Fox se llenaron de lágrimas cuando míster Burke terminó su réplica con estas palabras: "Diré al mundo entero que la Constitución está en peligro. Es algo, sin duda, desconsiderado, en todo tiempo, y mucho más desconsiderado aún en esta época de mi vida, provocar a los enemigos, o dar a mis amigos motivos para abandonarme. Sin embargo, si tuviera que suceder esto por mi adhesión a la Constitución británica, lo arriesgaré todo, y, como me exigen el deber público y la prudencia política, en mis últimas palabras exclamaré: ¡Huid de la Constitución francesa! Fly from the French Constitution! […]. ¡Sí, se trata de perder amigos! Conozco el resultado de mi conducta: he cumplido con mi deber al precio de perder a mi amigo, nuestra amistad se acabo. I have done my duty at the price of my friend, our friendlyship is at an end. Advierto a los muy honorables caballeros […], que deben preservar y amar la Constitución británica, que deben ponerse, incluso, en guardia contra las innovaciones y salvarse del peligro de estas nuevas teorías". From the danger of these new theories»[4].

13. El dato relevante de la historia es la decisión del señor Burke de perder la amistad de su entrañable amigo a cambio del respeto, adhesión y sometimiento a la Constitución inglesa, no por el hecho de que fuera inglesa, sino porque era la Constitución Política. Esa fortaleza de espíritu para apegarse al Norma superior con independencia de la dirección de los vientos políticos, es la que se echa de menos dentro de la institucionalidad democrática costarricense.

14. Muchos autores se decantan por el argumento de la adaptabilidad de las Constituciones para subsumir en ella la mutabilidad de las circunstancias sociales, que deben ser atendidas, aunque la letra ciega de los Códigos Políticos no las contemplen expresamente, porque las soluciones son extraíbles a partir de la imbricación de los valores y principios constitucionales en dirección hacia su finalidad.

15. Sin embargo, esa flexibilidad interpretativa para adaptarla al momento, no es una licencia para reformarla tácitamente a la medida de los poderes públicos o peor aún, de determinados personajes, grupos de poder o sectores particulares, a través de interpretaciones retorcidas con refrendo posterior del contralor de constitucionalidad por acción u omisión, porque la Constitución establece lo que establece al ofrecer las respuestas requeridas a las causas, a través de una aplicación lógico sistemática del texto constitucional con incorporación al proceso interpretativo de los elementos teleológicos, sociológicos e históricos que nutren su letra.

16. Las Constituciones no dicen lo que las Salas o Tribunales Constitucionales dicen que dice[5], sino que dicen únicamente lo que el Constituyente dijo; la Carta Superior siempre es y será lo que el Constituyente planteó en su origen y los límites y alcances de los derechos fundamentales estatuidos, no dependen de la voluntad de ninguna autoridad pública, salvo en la medida en que la misma Carta constitucional lo permita.

17. Las democracias son organismos vivientes, activos, se oxigenan permanentemente a través de un ejercicio positivo y legítimo del poder público, entendido como la atribución original para la constante y permanente búsqueda del bien común, en el que los órganos de mayor calado constitucional -el Parlamento, el Ejecutivo y el Judicial- ostentan una posición de privilegio para ofrecer una legislación propicia a los tiempos y a las realidades sociales, culturales, económicas en las que tendrán vigencia y aplicación.

18. La legislación, está destinada a regular conductas comunitarias o a facilitar las condiciones tendientes a satisfacer las necesidades de la población, que huelga decirlo, es el único fin del Estado; de ahí que cualquier legislación obstruccionista, fiscalista y, en general, represiva contra los derechos fundamentales y libertades públicas carece de legitimidad democrática por contrariar los valores constitucionales.

19. Cuando hablamos de Estado de Derecho, la mayor parte de las personas interpreta como una inextricable red de poderes autónomos al que se suma el imperio del ordenamiento jurídico, lo que implica un ejercicio de mandos públicos sometidos a la ley, tal como lo dicta el principio de legalidad contemplado en el artículo 11 de la Constitución costarricense.

20. La ancestral tradición occidental de los controles y los enfrentamientos que los ponen en marcha, como se ha mencionado en numerosas teorías de la democracia, contiene en su germen la obligación de que los poderes públicos fundamenten -justifiquen- públicamente sus decisiones; en una democracia sólida esa es la norma básica, en una democracia debilitada, el oscurantismo político sustituye la abierta rendición de cuentas por la negociación oculta en satisfacción de intereses desconocidos para las mayorías.

21. Sin embargo, el objetivo de ese entramado de mecanismos de poderes y controles, pesos y contrapesos (checks and balances) es el de compatibilizar la libertad con la autoridad y ambas, con la política que torna razonablemente más lenta la toma de decisiones e incluso en múltiples ocasiones, la imposibilita, lo que también forma parte del pluralismo en libertad, por ello no sorprende que el propio ordenamiento contemple mecanismos más ligeros para las circunstancias excepcionales pero sin salirse del Derecho.

22. En las emergencias, cuya característica principal es su temporalidad, la tónica es la acumulación de poderes en un centro, con la confianza en la buena disposición para devolverlo, pero principalmente para darle el uso debido al tenor de las circunsancias que ameritaron su entrega, por lo que una vez pasada la crisis, desaparece la fuente de su legitimidad.

23. Por ello, el poder extraordinario requiere -siempre- un ejercicio dentro de los límites establecidos por el Derecho mismo, limitado en su actuación, por el fin que lo justifica; ante la ausencia de las particulares condiciones, la crisis se convierte en mera excusa para el avance del autoritarismo, y la libertad perece bajo la sombra de la emergencia.

24. La crisis sanitaria del COVID-19, demostró la debilidad del sistema democrático costarricense con la desaparición de los pesos y contrapesos dispuestos por el Constituyente. El Poder legislativo se plegó ante el Poder Ejecutivo bajo una justificación muy cuestionable que fue presentada como “oposición responsable” que en realidad es un concubinato entre partidos, con afectación grave a la población y al sistema democrático como forma de organización del Estado.

25. La entrega de poderes del legislativo al ejecutivo acrecienta los temores de la sociedad sobre una nueva modalidad gubernativa puesta en práctica en el cuatrienio 2006-2010 denominado “tiranía en democracia” en el que se verificó un pliegue de los poderes legislativo y judicial (individualizado en la Sala Constitucional) a favor del Poder Ejecutivo, que continuó en la siguiente administración del 2010-2014, pero en menor escala, ante una abdicación más evidente de la Sala Constitucional que del Parlamento en favor del ejecutivo.

26. En las democracias sólidas, la sumisión del Congreso al Ejecutivo carecería de repercusiones negativas en el sistema político y en la forma de gobierno, pues el Poder Judicial re-somete, endereza a su justa dimensión las extralimitaciones en que incurran esos dos poderes asociados; como acontece en Estados Unidos de Norteamérica, con un congreso dividido en dos facciones, donde en ocasiones coincide la mayoría parlamentaria con el Ejecutivo.

27. Sin embargo, en esas latitudes, la confabulación entre los dos poderes no ha logrado doblegar a la Corte Suprema de Justicia, que ha anulado leyes aprobadas por mayorías apabullantes cuando atentan contra los valores, principios o el texto de la Constitución, porque como dijo un honorable Chief Justice con ocasión de la abolición de la segregación racial, la Constitución es daltónica y no distingue colores, en nuestro caso en particular, no debería distinguir colores de banderas partidistas.

28. Lamentablemente ese daltonismo deseable en nuestra Sala constitucional tiene las mismas características de la gripe estacionaria “aparece y desaparece por temporadas” dejando la duda de si es inoculado a propósito para debilitar las defensas de la democracia según sean los intereses partidistas que se busca proteger o si son meras coincidencias temporales[6].

29. Lo cierto del caso es que el máximo -pero no único- intérprete de la Carta Política, desapareció materialmente de la vida comunitaria costarricense hace más de diez años, con el decaimiento paulatino de su accionar en la defensa, garantía y materialización de los derechos fundamentales de las personas, limitando su actividad a cumplir con las solicitudes de control parlamentario en sus dos vertientes: ex ante y ex post, sin protagonismo en el tema central que la originó, como lo fue el control del poder en relación con las libertades individuales.

30. Esta crisis sanitaria dejó al descubierto la debilidad institucional del sistema democrático costarricense y lamentablemente el comportamiento del Poder Legislativo frente al Ejecutivo impide que aflore la esperanza de un control político que le es consustancial al Parlamento, debilitado aún más con una sorpresiva y sorprendente Sala Constitucional, con su capacidad camaleónica para confundirse con el entorno político en detrimento del valor de la Constitución.

31. Los visos de autoritarismo que se decantan del accionar del Poder Ejecutivo; las posiciones dictatoriales de algunos ministros y la mansedumbre con la que la Asamblea Legislativa aprueba lo que el Ejecutivo le presente colocan a la Sala Constitucional en una posición excepcional para reorientar la democracia atacada, por ser el último bastión de protección y garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas, que no se doblegan ni se flexibilizan al compás de partidos, personas, ni circunstancias, porque la Constitución no conoce de crisis sanitarias ni de emergencias temporales y sus reglas se aplican como en ella se dispuso en todo tiempo, lugar y circunstancia.

32. Los derechos fundamentales no están sujetos a ninguna situación en particular salvo las expresamente señaladas en la Carta Mayor y si alguno de los poderes pretende asumir potestades extraordinarias por la situación excepcional, igualmente la Constitución contempla el procedimiento legislativo que corresponde. Crimen de lesa Constitución cometería la Sala Constitucional si avala cualquier acción (Decreto Ejecutivo o Ley) que se intitule “debido a la crisis…” si en efecto contraría los valores y principios constitucionales.

33. Si algo ha enseñado la ciencia es que la única desigualdad válida y tolerable entre las personas es aquella que es producto exclusivo de la naturaleza; la igualdad entre las personas es una línea recta que ninguna circunstancia de origen humano puede cambiar. La igualdad ante la Ley es de origen humano y por ello, la verdadera igualdad se logra al tratar a los desiguales de manera distinta en función de su condición natural, no artificial.

34. Sigamos aprendiendo de la naturaleza, hoy con la uniformidad con la que ataca el COVID-19, queda más que claro que los sentimientos de poder, de jerarquía o por diferencias materiales son simples patologías emocionales carentes de relevancia real, porque lo importante es la persona en su esencia y, por ella y hacia ella deben destinarse todos los esfuerzos del Estado.

35. La pausa obligada por la crisis sanitaria es el acicate perfecto para que los que ocupan los mandos del Estado formal, recapaciten y enderecen el rumbo institucional, porque una sólida democracia es la mejor herramienta para proteger la libertad.

Dr. César Hines C.

[1] Patrick, Stewart Failed' States and Global Security: Empirical Questions and Policy Dilemmas. International Studies Review, 2007. [2] La prohibición de la reelección presidencial fue acordada mediante la reforma constitucional según ley número 4349 del 11 de julio de 1969. [3] Expresión del señor Luis Alberto Monge Álvarez, con ocasión del voto 2771-2003 de la Sala Constitucional para abrirle las posibilidades de postulación al señor Óscar Arias Sánchez en la contienda electoral del 2006. [4] Chateaubriand, François René de, Memorias de ultratumba, presentación de Marc Fumaroli, prólogo de Jean-Claude Berchet, traducción de José Ramón Monreal, 4 tomos, Barcelona, Acantilado, 2006 (1.ª ed., póstuma, en francés, de 12 tomos, París, 1849-1850), t. I, lib. XII, cap. V, pp. 527-538; la cita, en las pp. 535 y 536. [5] Como en algún momento señalaron los magistrados de la Sala Constitucional en copia flagrante y sin citarlo, del Chief Justice de la Corte Suprema de los Estados en 1909. [6] Se podría pensar incluso que esos cambios en las decisiones políticamente trascendentales con afectación a los límites y alcances de los derechos fundamentales, obedecen a la distinta integración que se produce en la Sala Constitucional con ocasión de la jubilación de uno o varios de sus magistrados.

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