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Criterios de selección en la Administración Pública

A la luz de los principios básicos que permean a los poderes públicos, serían pocas las opiniones (o tal vez ninguna) que rechace la necesidad de que las Administraciones Públicas alleguen a su estructura a las mejores personas en función de las finalidades que persiguen; esto es, servicios públicos eficientes y de calidad.


Efectivamente, ante las exigencias contemporáneas sobre la gestión pública, ya no basta con la eficiencia como paradigma único en la prestación de los servicios públicos, sino que además, se demanda que sean de calidad. Dos son las razones a considerar para ese cambio de posición en la valoración de la actividad administrativa en general y de los servicios asistenciales en particular.


Una de esas razones sobre el cambio en la valoración de la actividad administrativa, es la ya casi desaparecida percepción de que el Estado en general y los funcionarios públicos en particular, nos hacen un favor a los requirentes de alguna conducta administrativa, aunque todavía algunos sobrepasados por el tiempo así lo crean.


La segunda razón para el re posicionamiento del ciudadano frente y ante a la anterior y omnipotente Administración Pública, está relacionada con varios elementos adicionales: una mayor formación e información de la que está dotada la población; un incremento en los niveles de escolaridad; un mayor y mejor acceso a las tecnologías de la información y una ampliación de posibilidades de reclamación jurisdiccional contra las acciones y omisiones del Estado, sobre todo con los nuevos Tribunales Contenciosos Administrativos, con jueces más ágiles, más comprometidos con los derechos subjetivos e intereses legítimos y mejor integrados al servicio público de la justicia.


Ante las realidades anteriores, los ancestrales principios del servicio público, a saber: eficiencia, adaptabilidad, continuidad tienen un nuevo hermano la “calidad”, como atributo esencial e inescapable a la Administración en cuya omisión les cabe responsabilidad civil a la entidad u órgano público y responsabilidad administrativa, civil y hasta penal del funcionario omitente o ejecutante de la conducta requerida.


En estas condiciones, el procedimiento de selección de los servidores públicos adquiere otra dimensión ante la inevitable profesionalidad que se reclama en todos los estratos de la función pública. La exigencia constitucional de idoneidad para el cargo ya no está limitada a la satisfacción de los requisitos formales demostrables documentalmente, como fue la regla práctica, sino que demanda altos perfiles éticos para asumir los deberes públicos atinentes al cargo.


Los procedimientos de selección para la función pública, están urgidos de cambios sustanciales en los procedimientos de definición de los requisitos; de uniformización de contenidos técnicos y científicos por área de especialidad competencial, diferenciando las habilidades particulares aunque sean de la misma disciplina para satisfacer la actividad particular en cuestión. Con ello se objetivizan los nombramientos y se descarta la intervención política en los nombramientos técnicos para la buena salud de los intereses públicos.


Ante la diversidad de conocimientos y habilidades de una misma profesión, los carteles de concursos de antecedentes serían dependientes de las necesidades puntuales de la organización juridica administrativa que oferta el puesto de trabajo; a modo de ejemplo, se diferenciaría al administrador de empresas para una entidad bancaria de aquel para una empresa pública de servicios agroindustriales.


Igualmente es necesario replantearse el tema de los exámenes a los candidatos al servicio público. Pueden resultar válidos -una vez corrida la cortina de la formación y la experiencia- para valorar las cualidades éticas, la formación moral, sus intereses personales, profesionales, académicos, económicos, pero carecen de sentido y contenido cuando tienden a calificar los conocimientos técnicos porque el examinador lo hará desde su propio atalaya intelectivo y no desde la perspectiva objetiva de la posición demandada.


Lamentablemente el proyecto de ley de Empleo Público que recientemente entró a la discusión legislativa, está delimitado por el tema económico, desaprovechándose la oportunidad de modificar la línea conductual en el procedimiento de contratación cuyos frutos al presente son pocos o posiblemente ninguno. La regularización y uniformidad de los contenidos de los concursos de antecedentes para el sector público es una necesidad para ubicarse a la altura de las circunstancias.


El servicio público tiene particularidades de las que otras actividades desarrolladas por el Estado carecen, razón por la que las estructuras técnicas de las distintas administraciones públicas requieren ser manejadas con criterios de la misma naturaleza: técnicos, de los que partirán los programas de políticas públicas tomadas por los órganos políticos de cada entidad u órgano.


Con la reciente discusión sobre la mezcla de gasolina con etanol, quedó demostrado que las políticas públicas nacen a partir de estudios y valoraciones técnicas y no a la inversa como aconteció; los estudios estudios técnicos y científicos son previas a esas decisiones generales tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas. En el ejemplo que comento, se requería saber “previamente”: la viabilidad económica para el Estado; los costos-beneficios para el usuario-consumidor (que es el fin último de toda política pública) las valoraciones ambientales que incluyen conocer su proceso de fabricación, transporte y uso, entre otras variables del mismo nivel de importancia social.


La excesiva discrecionalidad en los contenidos de los carteles de los concursos, permite a los titulares del poder político y administrativo, establecer requisitos al estilo “traje sastre” (coomo sucede en las otras contrataciones administrativas) para seleccionar a quien previamente ha sido elegido con grave perjuicio a los principios de transparencia, buen uso de los recursos públicos, abuso de poder, desviación de poder y otras patologías que no resulta productivo señalar aquí.


Según los datos estadísticos de nuestra firma, en los dos primeros años de cada gobierno que se estrena, se incrementa el volumen de casos en los que buscan nuestra asesoría para detener “inventadas” estructuraciones organizacionales para cambiar el nombre de los puestos, modificar los requisitos y así desprenderse de personal incómodo (casi siempre contrarios al partido que inicia su gobierno) para construir concursos (disfrazada forma democrática de reclutar personal) hechos a la medida de los partidarios del gobernante recién instalado.


Esas patologías administrativas -dejando de lado el factor político- decrecen la calidad de las prestaciones públicas con simultáneo desaliento a lo interno y a lo externo de la organización jurídica administrativa con graves efectos y consecuencias en las finanzas públicas.


Prontamente y con fundamento en los más de treinta años de experiencia en la rama del Derecho Administrativo y la Funcion Pública, nuestra firma remitirá al Congreso, sugerencias de reformas legales a la Ley de Empleo Público, fuera del contexto de la visión económica en el que se encuentra ahora, tendientes a mejorar los resultados en la gestión del Estado.


Dr. César Hines C.

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