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DELIMITACIÓN DE LAS POTESTADES JURISDICCIONALES EN MATERIA PROBATORIA.

1.- A lo largo de la historia procesal y hasta nuestros días, en la sede jurisdiccional siempre se ha señalado que la prueba de quien reclama un derecho o de quien se opone a esa pretensión es responsabilidad exclusiva de las partes en conflicto y el juez debe ajustar su decisión a la validez, jerarquía y contenido de esas probanzas sin intervenir ordenando otras que a su parecer puedan resultar necesarias, por la evidente e inconveniente inclinación de la balanza procesal.

2.- El principio de verdad material o verdad real que postula el Código Procesal Contencioso Administrativo con especial referencia a los artículos 82, 85 y 93 es -a mi criterio- un desafortunado trasplante del indicado principio incardinado en la Ley General de la Administración Pública como un componente esencial del procedimiento administrativo, pero que carece de las mismas condiciones en sede jurisdiccional por lo que se rechaza su esencialidad en el proceso contencioso administrativo, porque en el procedimiento administrativo la obligación de verificación está destinada a garantizar la legitimidad de una conducta de dos carriles que convergen en un mismo punto porque se trata de una actuación previa de comprobación de los hechos, eventos, conductas, acciones u omisiones por la misma Oficina que finalmente emitirá el acto final al que se reclama esa comprobación como requisito de validez.

3.- Este principio de verdad real de los hechos se instituyó en el procedimiento administrativo como el elemento central sobre el que las administraciones públicas asientan sus conductas, en tanto las actuaciones del poder público deben ajustarse al principio de objetividad de donde esa verificación implica atraer al expediente administrativo todos los elementos requeridos para tomar una decisión ajustada al ordenamiento jurídico y además, en función de satisfacer un interés público previamente establecido.

4.- Al disponer el artículo 214 de la Ley General citada, que la verdad real es el objeto más importante del procedimiento administrativo, esta se reconduce al acto final en perfecta armonía con lo dispuesto en los artículos 131, 132 y 133 ibid. Efectivamente, conforme con esas tres reglas legales, todo acto administrativo debe tener un motivo real o potencial, un contenido ajustado a ese motivo y al fin legítimo hacia el que se encamina, razón por la que verificar el estado material de una situación en una dimensión humanamente posible de establecer, es una condición previa para el cumplimiento de esa finalidad predispuesta.

5.- Se abona a lo anterior que la conducta administrativa es una manifestación unilateral de voluntad de la Administración donde la participación del particular, en aquellos casos en los que resulta posible, queda en el limbo jurídico de las coadyuvancias tendiente a reforzar la legitimidad del acto, no a torcer el brazo del poder público competente para determinar la conducta administrativa que corresponda, porque aun en los casos donde el acto afecte al particular participante en el procedimiento, la Administración está obligada a apegarlo a la verdad que se incorpore al expediente con independencia de la afectación o provecho en contra o a favor de terceros.

6.- Distinta es la situación en el ámbito jurisdiccional, porque las cuestiones debatidas implican una contraposición de intereses sometidos al rigor y decisión de un tercero imparcial que dictaminará en función de esas particulares pretensiones con independencia de los caudales generales de la comunidad, lo que constituye una primera diferencia con el procedimiento administrativo; y una segunda distinción es que el juez, contrario a la Administración, carece de intereses propios porque además de no representar los de ninguna de las partes, tampoco administra haberes comunitarios, a diferencia de la Administración emisora del acto que los representa y administra.

7.- El panorama descrito conduce a una realidad procesal indiscutible, como lo es el hecho de que en el proceso jurisdiccional hay tantas verdades reales como cantidad de intereses contrapuestos estén en discusión. Por ello, bajo la hipótesis anterior, la admisión de pruebas por parte del Tribunal Tramitador debe ser de carácter formal, en la que la intervención del juez sea en sentido negativo, para rechazar las probanzas que resulten innecesarias, improcedentes e impertinentes para la solución del conflicto y por otro lado, abstenerse de requerir las que según su particular criterio conduzcan a la solución de la causa, porque esa prueba requerida de oficio para la solución del caso desde cualquier ángulo que se analiza, inclinaría la balanza del proceso a favor de alguna de las partes cuya omisión probatoria estaría sustituida por el juez asumiendo el rol de abogado de parte con potencial tipificación de un prevaricato en tanto la dirección de la prueba sería la de la sentencia de fondo.

8.- La prudencia, el comedimiento para la mínima intervención del juez tramitador debería ser la regla en la admisión de la prueba, inclinándonos por un posición limitada a corroborar que las pruebas ofrecidas sean consecuentes con el objeto del proceso[1] y que por supuesto, se ofrezca bajo los presupuestos procesales establecidos en los artículos 58, 64 y 70 del Código de Rito de la materia, o bien, si resulta procedente su admisión conforme a la regla del 50 ibid en aras de garantizar la paridad procesal, lo que nos conduce a dos temas adicionales: A) principio de transversalidad de la prueba, y B) la fabrica de pruebas en el proceso contencioso.

El principio de transversalidad de la prueba en el proceso contencioso administrativo

9.- Es práctica común en los procesos contenciosos administrativos integrar el expediente administrativo y judicial con una cantidad de documentos ajenos al núcleo del proceso, además ofrecer pruebas de otra naturaleza que desde una percepción objetiva y procesal carecen de relevancia para la correcta resolución del conflicto, como lo son la prueba testimonial o pericial en un proceso civil de hacienda tendiente a cobrar una suma líquida derivada de un contrato incompleto o una crédito tributario impago, cuando lo que corresponde es demostrarse la existencia del crédito y las posibilidades extintivas, caducidad de la instancia, prescripción del derecho o pago efectivo.

10.- Eso que podríamos calificar como “contaminación del expediente” nació con la insistencia legislativa de incorporar al proceso contencioso administrativo ese principio connatural al procedimiento administrativo de la verdad real, como ya señalamos en el acápite anterior, con una consecuencia negativa en este proceso jurisdiccional, donde el tribunal (ante todo el instructor) por un lado y las partes, por otro, insisten en que se les reciba determinadas o todas las pruebas que aportan bajo esa premisa imposible de la verdad real; imposible porque aludir a la verdad material es una expresión más semántica que realista aún en los casos de conductas formales, porque las razones consideradas en un momento histórico para producir la conducta administrativa son irrepetibles en el tiempo y en el espacio, y lo que resta es la posible reproducción de la verdad receptada por el destinatario.

11.- El significado lingüístico de transversalidad es que se halla o extiende atravesado de un lado a otro o que afecta o pertenece a varios ámbitos y, trasladada al ámbito procesal, implicaría que las pruebas de las partes para demostrar “su verdad real” deben atravesar o mejor todavía, hilvanar la conducta objeto del proceso, desde su inicio hasta la producción de los efectos cuestionados, esos elementos probatorios deben estar unidos por puntos en común para crear una conexión que permita obtener lo que se podría denominar la historia probatoria de la conducta cuestionada con una mayor eficiencia en el etapa de admisión de pruebas, purifica el expediente y centraliza la sentencia en el objeto del proceso.

12.- Así ha sido resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo al señalar: “(…) En virtud de ello, estima este Tribunal que la documentación ofrecida por el Instituto Nacional de Aprendizaje no es prueba nueva, sino que fue ofrecida en tiempo. Ahora bien, no obstante lo anterior, su solo ofrecimiento en tiempo no hace que la misma sea admisible por sí misma, sino que debe de ponderarse su oportunidad y pertinencia en relación al objeto del proceso, conforme a lo debatido en la acción. Así, debe considerarse que por escapar al fondo del asunto tratado en este proceso, las mismas resultan improcedentes. En efecto, el punto de fondo se centra -única y exclusivamente- en la discusión de si la condición de estar al día con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares es un requisito de admisibilidad para participar en procesos de contratación administrativa (tesis de la sociedad actora) o por el contrario, si la condición de morosidad con aquel fondo es subsanable hasta antes del dictado de adjudicación -previa prevención al efecto o de motu proprio del oferente-, de manera que puede ser declarado adjudicatario quien haya subsanado esa situación previo al dictado del acto de adjudicación. En otras palabras, lo debatido es la legítima participación de personas (físicas, jurídicas, empresas, consorcios, etc.) morosas con el indicado Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, en la fase concursal de la contratación administrativa, lo que se da entre la presentación de la oferta y la adopción del acto de adjudicación. Así, no interesa en absoluto lo que pueda y deba de darse en cumplimiento con el ordenamiento jurídico en las subsiguientes etapas de la contratación administrativa, sea de la formalización del contrato, refrendo y la consecuente fase de ejecución; lo que obliga a su rechazo…” (Sentencia 00050-2017-Vl de las 10.25 horas del 25 de abril de 2017) Diáfano razonamiento que lamentablemente debe llegar hasta el órgano decisor cuando tal situación podría resolverse con claridad, rigurosidad y pertinencia en la audiencia preliminar.

13.- Apegarse al principio de la transversalidad de la prueba resulta propicio para procesos más ágiles, claros, precisos y de fácil asimilación por los juzgadores al momento de dictar su fallo, pues permitirían concentrarán su energía intelectual en el núcleo duro de la cuestión debatida y no en los componentes accesorios que tendrían valor procesal en la medida que sean complementarios a las probanzas centrales.

14.- Vale la pena continuar con el debate del tema, para que en un esfuerzo intelectual conjunto con quienes participan cotidianamente de esta tesonera labor hacia una mejor justicia administrativa


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