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Derecho de la Constitución e independencia Judicial

1. Dispone el artículo 158 de la Constitución Política: “Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por un período de ocho años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. En el desempeño de sus funciones, deberán actuar con eficiencia y se considerarán reelegidos para períodos iguales, salvo que en votación no menor de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario. Las vacantes serán llenadas para períodos completos de ocho años”.

2. Por su parte el numeral 159 ibid, señala que para ser magistrado se requiere: “1) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con domicilio en el país no menor de diez años después de obtenida la carta respectiva. Sin embargo, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia deberá ser costarricense por nacimiento; 2) Ser ciudadano en ejercicio; 3) Ser del estado seglar; 4) Ser mayor de treinta y cinco años; 5) Poseer el título de Abogado, expedido o legalmente reconocido en Costa Rica, y haber ejercido la profesión durante diez años por lo menos, salvo que se tratare de funcionarios judiciales con práctica judicial no menor de cinco años. Los Magistrados deberán, antes de tomar posesión del cargo, rendir la garantía que establezca la ley”.

3. De acuerdo con las normas transcritas, la elección y reelección de los magistrados del Poder Judicial es un acto administrativo reglado de contenido discrecional; es reglado desde dos ángulos, uno, porque debe dictarse una vez acaecido el presupuesto de hecho, que es la vacante y dos, porque los requisitos constitucionales para aspirar al cargo son insoslayables, pero es de contenido discrecional por la inexistencia de condiciones particulares de los candidatos para resultar elegidos, porque la Carta Política no dispone ni impone un sistema de calificación objetivo basado en los atestados (títulos académicos de mayor grado que la licenciatura, que es el mínimo requerido para ser abogado, publicaciones académicas, etc)

4. No obstante lo anterior, además de los requisitos constitucionales, la Asamblea Legislativa podría establecer unas bases particulares en aras de objetivizar el procedimiento de preselección, selección y elección final, sin excluir prima facie a ninguna persona aspirante mientras cumpla con los requisitos del numeral 159 constitucional. Vale señalar que desde mi óptica jurídica frente al Derecho de la Constitución, esas condiciones adicionales que el Poder Legislativo disponga son una simple guía para el legislador sin carácter obligatorio porque quiérase aceptar o no se quiera, la elección de quienes ocupen las magistraturas es una decisión política con forma de acto administrativo.

5. Efectivamente, la distribución interna de labores en la Asamblea Legislativa tiende a facilitar y flexibilizar las tareas sin modificarlas en su esencia; de esta manera, la constitución de una Comisión de Nombramientos para precalificar a los candidatos o para valorar una reelección, es simplemente un acto preparatorio sin efectos vinculantes para los legisladores ajenos a la indicada comisión, quienes pueden apartarse de las recomendaciones de ese órgano interno y elegir a postulantes que no pasaron el examen previo, pero que cumplen los requisitos constitucionales.

6. Recientemente, con ocasión de la discusión legislativa sobre la relección de un magistrado de la Sala Constitucional, salieron a relucir varios comentarios al socaire del momento, ajenos a la rigurosidad del tema, de los que rescato dos para efectos de este blog: el sistema de votación para decidirla continuidad del magistrado y la violación a la independencia judicial.

7. Sobre el sistema de votación que debía imperar para decidir la continuidad del magistrado, se debatía si debía ser secreta o pública; discusión estéril porque el Reglamento de Dirección Orden y Disciplina de la Asamblea Legislativa es el ordenamiento jurídico particular que señala los casos en que se corresponde con una u otra forma de decisión, de manera que si la norma reglamentaria disponía el voto de una determinada forma así es como debía procederse, dada la imposibilidad de derogar las reglas para casos concretos bajo sanción de nulidad en caso de incumplimiento.

8. Más llamativas resultaron las voces que se alzaron sobre la violación a la independencia judicial en caso de que el magistrado no resultara reelecto. Se puede comprender que para algunas personas la “no reelección” de un alto juez al que se le venció su periodo, aparezca como un castigo por las decisiones tomadas, pero resulta inaceptable que tal decisión “política” se considere una interferencia del Poder Legislativo en el Poder Judicial, porque la Constitución le otorgó la potestad a los legisladores de elegir y reelegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sometidos solamente a su conciencia.

9. El principio de la independencia judicial está gravado en piedra en el Código Político de Costa Rica, al disponerse en el artículo 154 que el Poder Judicial está sometido solamente a la Constitución y a las leyes y las resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia no le imponen otras responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos, mientras que el ordinal 155 establece que ningún tribunal puede avocar el conocimiento de causas pendientes ante otro. Únicamente los tribunales del Poder Judicial podrán solicitar los expedientes ad-effectum videndi.

10. La decisión legislativa de no reelegir a un juez al que se le vence su periodo constitucional, es una decisión política, igual que la de su nombramiento inicial, en el que los legisladores tienen el derecho subjetivo de votar por los candidatos que les resulten más afines a sus creencias. Resulta incomprensible e inadmisible que los postulantes a una magistratura acudan al expediente político (cercanía con una determinada agrupación política) al recurso de la influencia política (acercarse a los líderes de uno o varios partidos representados en la Asamblea Legislativa) e incluso, utilizar el arma de la influencia familiar (cuñados, suegros, tíos para que aboguen por ellos ante los diputados) y luego consideren que esas mismas armas sean nocivas cuando buscan una reelección.

11. Si algún sistema sistema político tiene la esencia para romper el principio de la independencia judicial, sería el norteamericano, donde los candidatos a la más alta magistratura judicial son propuestos directa y personalmente por el presidente del país sobre un criterio estrictamente político en relación con la inclinación conservadora o liberal del juez, tendente a obtener una mayoría en la Suprema Corte para validar las decisiones políticas de más alta repercusión social, tales como la inmigración, ambiente, economía.

12. La particularidad de las decisiones políticas es que surgen a partir de una concepción particular de la sociedad porque están precedidas de componentes antropológicos y sociológicos que alimentan la psiquis del político; de ahí que la decisión de elegir a un alto juez es una decisión política pergeñada de esa concepción del elector, sin que medien (cuando menos no deberían interferir) sentimientos o emociones subjetivas. De esta manera que si un legislador tiene un concepto político sobre el libre comercio, el ambiente, la economía, el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, sobre esa base ideológica tomará su decisión.

13. El mundo ha cambiado, Costa Rica ha cambiado, las integraciones del Parlamento han cambiado, por lo que las valoraciones políticas de los diputados de hace ocho años al momento de elegir a un magistrado fueron distintas a las de los diputados actuales encargados de reelegirlo, como también lo serán para los diputados del futuro cuando les corresponda esa tarea.

14. En la reelección de un magistrado, especialmente de la Sala constitucional donde se debaten las más altas decisiones políticas, lo natural es que se valoren las decisiones jurisdiccionales que ha tomado el candidato como juez, porque lo razonable y congruente es elegir o reelegir a quien sostenga una comunidad ideológica (no político partidista).

15. El “cuentito” de la independencia judicial -además de estar desgastado para temas como el aquí comentado- deja entrever una estrechez mental de quien lo arguye.

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