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El circo político en la elección de magistrados: graves consecuencias de un actuar torcido

1.- El artículo 157 de la Constitución Política dispone que la Corte Suprema de Justicia estará formada por los Magistrados que fueren necesarios para el buen servicio; serán elegidos por la Asamblea Legislativa; por su parte el ordinal 158 ibid, señala que los Magistrados serán elegidos por un periodo de ocho años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.

2.- En relación con el tema, el artículo 159 de la Carta constitucional establece los requisitos para ser Magistrado, sin limitar ninguna especialidad en el campo del Derecho, con un determinado número de años en el ejercicio profesional, es decir, no hay ninguna exigencia sobre sus cualidades personales, sean estas del orden material o moral, ni tampoco importantes restricciones académicas, por lo que el espectro es ampliado a todos los profesionales en Derecho con posibilidades de postularse al cargo y ser elegidos.

3.- Como se aprecia de las reglas constitucionales citadas, el Constituyente no dispuso el procedimiento legislativo para la elección de los magistrados y omitió toda referencia a la composición moral y ética de los candidatos, dejando en manos de la Asamblea Legislativa determinar la forma de elección y el contenido mínimo para acreditarse tan elevado y honorable cargo en el Poder Judicial.

4.- A lo largo de los primeros cuarenta y un años de vigencia de la actual Carta Política, la elección de magistrados se llevó a cabo en un ambiente de notable tranquilidad política, como consecuencia de acuerdos solapados en los dos principales partidos que siempre han predominado en el Congreso (con independencia del nombre de la otra agrupación política distinta a Liberación Nacional que ha mantenido el suyo desde su creación)

5.- Esa tranquilidad legislativa a su vez derivó en una calmada asunción de los cargos carente de sobresaltos sociales, en tanto la ciudadanía -en términos generales- se comportaba ajena a esas decisiones que estaban más allá de sus preferencias y necesidades, y los medios de comunicación se limitaban a informar sobre el resultado.

6.- Lo anterior no significó -ni por asomo- que las personadas elegidas en aquellas oportunidades fueran las idóneas o las más intachables moral y éticamente, sino que por la oscuridad social sobre el acontecer legislativo y las escasas fuentes de información, la ciudadanía daba por descontado que la decisión se ajustaba a las necesidades bajo la premisa -siempre errónea- de que en ese poder estaban los mejores con la capacidad para elegir a los ideales.

7.- Bajo esa capa de solemnidad de los nombramientos, se escondían situaciones ultra vergonzosas para los postulantes, como la necesidad de realizar constantes visitas a la Asamblea Legislativa a mendigar audiencias con los diputados para rogar por su voto, invitaciones a comer, viajes pagados para el diputado y hasta con su familia, en fin, la profunda vergüenza de ver a abogados considerados honorables, como “perritos falderos” corriendo al lado de su amo para que le diera migas (el voto para la magistratura)

8.- Esa solapada calma desapareció con el rompimiento del oligopolio de los dos partidos tradicionales y la inserción en el ambiente político de varias agrupaciones, las que sin tener la envergadura de los citados, obtuvieron espacios en el quehacer legislativo y con ello sus propios intereses, que en ningún caso -vale la pena señalarlo- se adecuaban a los de la sociedad, la única diferencia fue que en lugar de dos centros de poder se crearon tres, cuatro y ahora hasta cinco focos.

9.- El Poder Legislativo mantiene su absoluta libertad y discrecionalidad inicial para elegir a tan importantes jueces, pero los cuestionamientos que surgieron como consecuencia de la apertura, amplitud y acceso a la información que permite un involucramiento de cada vez más sectores en las decisiones políticas, llevó a la Asamblea Legislativa, a crearse para sí, un procedimiento para la elección de esos magistrados, estableciendo requisitos mínimos formales como, grados académicos, publicaciones, cargos ocupados, así como requisitos materiales: el cumplimiento de obligaciones tributarias; con la seguridad social y otros de similar naturaleza, pero sin incorporar los componentes axiológicos.

10.- De esta manera, la elección de los supremos jueces parecía que tendría connotaciones objetivas, excluyendo el componente partidista, en el entendido también de que la proliferación de partidos representados en la Asamblea, impediría la repartición e imposición de candidatos por los partidos mayoritarios; vana ilusión.

11.- Aparte de la despreciable práctica legislativa de elegir a candidatos que no se sometieron al escrutinio público según su propio procedimiento, con desprecio a la dignidad y honorabilidad a los que si se doblegaron a la indagación de su vida, los partidos pequeños sin los votos suficientes para elegir a sus candidatos, aprendieron a negociar su boleto y con ello desapareció la anhelada objetividad electiva, quedando nuevamente en los partidos mayoritarios la decisión de elegir al candidato afín a su color político con una doble pérdida para la ciudadanía: a) pierde a un excelente juez y, b) queda obligada a satisfacer los intereses particulares intercambiados por esos votos. Ese circo legislativo tiene hondas repercusiones en la solidez institucional del Poder Judicial más allá de las Salas a las que van dirigidas las nominaciones; no solamente en el seno de la Corte Plena, sino en toda la estructura de ese poder del Estado.

12.- Aparte del daño a la administración de justicia al incorpor a los menos aptos en los tribunales más elevados y últimos en la línea recursiva jerárquica con grave perjuicio para los justiciables, esas decisiones politiqueras minan la confianza y acrecientan el descrédito tanto del que recibe la nominación como del que lo designa; el Poder Judicial -que recibe al juez enviado por la Asamblea Legislativa- se deslegitima con las sentencias horrorosas y poco rigurosas de quien carece de una formación y conocimiento sólido del Derecho; el Poder Legislativo -como responsable del deterioro del primero- pierde toda autoridad moral para demandar una rendición de cuentas a quienes corrompió con sus propias decisiones y también pierde la ciudadanía al alejar de la magistratura a los mejores juristas del país, a los serios, a los que no están dispuestos a someterse a ese circo.

13.- Es muy llamativo leer y escuchar a algunos representantes populares arengar contra la falta de independencia judicial en países vecinos y lejanos, sin darse cuenta de que precisamente esa es una consecuencia lógica de las decisiones en la elección de los magistrados quienes con posterioridad atienden solamente a los mandatos de sus amos.

14.- Podría mejorarse el actual sistema de elección de magistrados, sin embargo, no hay procedimiento que valga cuando imperan las mezquindades, las ambiciones y los intereses políticos para elegir a aquellos fieles a sus huestes y no a la Constitución y a la Ley, que es lo mismo decir: fieles a la patria.

15.- La Asamblea Legislativa está a punto de elegir a un magistrado de la Sala Constitucional y no extrañaría que siguiendo esa vergonzosa línea politiquera elija al soldado del ejercito de uno de esos partidos que logre negociarlo -como se negocia una res en la subasta ganadera- lo que sería nefasto, pero me temo que hasta podría resultar elegido alguno que ni siquiera tuvo la valentía de someterse al control ciudadano, en cuyo caso señores, Un réquiem por Costa Rica.

La libertad no se encuentra en el campo tal flores silvestres, hay que sembrarla, cuidarla, cultivarla y protegerla contra las animosidades de los espíritus inquietos.

Dr. César Hines C.

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