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El delicado límite entre la función política y la jurídica en el Poder Judicial

Breve reseña sobre el objeto de análisis

1.- Todos los órganos y entidades que componen la estructura del Estado, están llamados a realizar dos actividades distintas, generalmente complementarias: la política y la administrativa correspondiente a su núcleo central de creación; la función política está definida por las altas decisiones con repercusiones generales en la sociedad y la actividad administrativa consiste en las actuaciones singulares para darle consistencia a los fines políticos. De esta manera se entendería como una actividad política la extensión de los fines del Estado atribuidos a esas pequeñas organizaciones funcionales o territoriales para que por su especialidad o espacialidad los satisfagan, por principio, con una mayor agilidad formal o material frente a los destinatarios.

2.- La concentración de esfuerzos para que una organización satisfaga necesidades generales en razón de su especialidad, facilita el logro de los objetivos cuando haya definición política sobre la dirección institucional; cuando existe un único ámbito para cada determinación competencial, la especialidad desaparece como condición genética y se convierte en un atributo en la gestión de la actividad cotidiana impuesta.

3.- De igual manera, el desarrollo de un pequeño ámbito espacial, aunque tenga muchos frentes de acción, resulta diametralmente más factible de materializarse, porque la creación, planeación, programación y ejecución de conductas tendientes a su logro no tienen más límites que los jurídicos y económicos, aunque debe considerarse fundamentalmente el componente intelectual de los responsables directos de alcanzar los fines propuestos.

4.- La actividad política de los órganos y entes públicos, se diseña y se plasma a partir de la capacidad cognoscistiva de las personas que los integran, porque son quienes marcan el norte de los propósitos a partir de la configuración jurídica establecida por el Constituyente o por el legislador. Nos detenemos un momento para los ejemplos: los miembros de una junta directiva de una entidad autónoma definen el rumbo que se le dará a esa organización a partir de la esfera de competencias establecida constitucional o legalmente, así, la actividad política de un banco público podría encaminarse a incrementar la productividad a partir de una ampliación de las políticas crediticias con tasas de interés estimulantes, o puede, concentrarse en obtener beneficios sin ninguna finalidad ulterior.

5.- Si se modifica el cuadro fáctico del ejemplo anterior, recurrimos al clásico ejemplo de organización territorial: la municipalidad. Se trata de una entidad dotada de amplias y no identificadas competencias constitucionales, por cuanto el artículo 169 del Código Político las señala como las encargadas -y por derivación responsables- de la administración de los intereses locales, entendiéndose por locales, los que están dentro de su jurisdicción territorial.

6.- Esa falta de definición constitucional tampoco fue completada por el legislador ordinario, pues el artículo 4 del Código Municipal, que señala las atribuciones de las corporaciones municipales, tiene una redacción abierta que permite la realización de cualquier actividad siempre que otras reglas especiales no lo impidan expresamente, o bien, que el Concejo Municipal -su órgano político- decida apartarse de ella. Corolario de esa amplitud de fines, las municipalidades pueden establecer políticas habitacionales restrictivas o ampliadas hacia la actividad industrial y comercial -por ejemplo- convertir su municipio en un dormitorio o en un gran centro comercial.

7.- Esas decisiones políticas dimanadas del Concejo MUnicipal se complementan con procedimientos detallados para su cumplimiento a través de reglamentos, actos o resoluciones particulares en desarrollo y ejecución de esas grandes líneas de gestión; es lo que sería la actividad administrativa de la corporación territorial.

8.- Lo importante de lo expuesto líneas arriba es, que esas decisiones políticas, si bien afectan a importantes sectores de la sociedad, son escaramuzas institucionales con relevancia limitada desde una visión ampliada del Estado, pues incluso, resultan susceptibles de anulación jurisdiccional cuando atentan contra derechos fundamentales o los derechos subjetivos de las personas afectadas.

La función política del poder judicial

9.- Caso distinto sucede en relación con la actividad política del Poder Judicial. Como introducción insoslayable, es necesario resaltar que el Poder Judicial es un órgano fundamental del Estado y esencialmente de un Estado constitucional y democrático de Derecho, lo que implica que la ausencia de un poder judicial independiente en su quehacer desdice de la existencia del Estado bajo las características indicadas; podrá ser Estado y tener Constitución, pero no será Estado democrático ni constitucional de Derecho, sino un Estado con Constitución y con Derecho, que tiene un significado gravemente distinto.

10.- Como órgano fundamental del Estado, el Poder Judicial es coadyuvante de los esfuerzos legislativos y ejecutivos para dotar a la sociedad de modelos de convivencia acordes con los valores incardinados desde tiempos previos a los registros, pero antropológicamente contenidos en el ADN de nuestra sociedad, por ello a ese poder se le impuso un tercio de la función política del Estado, en el artículo 9 de la Carta Magna expresado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 9º-El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”. (Así reformado el párrafo anterior por el artículo único de la ley N° 8364 de 01 de julio de 2003)

11.- Con justa razón se me podría reprochar un error matemático en la distribución del poder, pues la norma constitucional citada instituye cuatro poderes, el pueblo, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, a lo que se responde al señalar que ese primer poder denominado pueblo, es una vana pretensión de afianzar el viejo componente ideológico de que el poder se origina en el pueblo, es del pueblo y para el pueblo, y que no ha pasado de ser una quimera doctrinal de vetusta data, inaplicable en ninguna parte, con la excepción de Suiza y su particular sistema político administrativo.

12.- La pregunta es: ¿dónde se concentraría la función política del Poder Judicial? Incuestionablemente y para ser congruentes con nuestra tesis, la respuesta sería en la constitución de líneas jurisprudenciales relacionadas con la garantía absoluta a los derechos fundamentales, para asegurar el control del poder público y dotar de seguridad jurídica a las relaciones individuales.

13.- Como lo señaló Raúl Cancio Fernández, profesor español: “no tiene ningún sentido identificar a la Justicia con la razón suprahistórica, inmutable y dogmática carente de sensibilidad social. La posmodernidad jurisdiccional debe generar en los justiciables el convencimiento de que sus asuntos van a ser tratados no sólo diligente y competentemente sino además de la forma más ecuánime, recta y equilibrada posible. Si no fuese así, resultaría injustificable la expropiación a los particulares de la tentación de hacer justicia por su cuenta, no en vano, la «potestas» del Poder Judicial es necesaria pero no suficiente para que el sistema se muestre como confiable y digno de respecto; para ello precisa además de «auctoritas», es decir, de la capacidad moral para emitir una opinión cualificada sobre una decisión. Y esa cualidad, no puede venir únicamente de la mano de las previsiones legales, necesarias sin duda, pero absolutamente insuficientes si no se logra alcanzar una legitimación social, verdadero marbete identificativo de la Justicia de calidad, y únicamente alcanzable desde la independencia, la transparencia, la previsibilidad y la excelencia doctrinal. Esto exige establecer una vinculación entre lo bueno y lo justo, una interacción circular entre la definición de los objetivos compartidos de la justicia y la concreción de los valores éticos de la sociedad, proporcionando criterios sustantivos que eviten la dispersión y el relativismo, evitando así particularismos que, bajo la invocación de una pretendida identidad colectiva, termine por socavar las exigencias de la sociedad en su conjunto. Por eso es perentorio recuperar el discurso del universalismo jurisdiccional, pero no para abstraer y sacar a la justicia de los acontecimientos humanos, sino para, precisamente, preservarla de deletéreos intereses particulares y sectarios, al socaire de un sedicente nuevo paradigma democrático”. (Blog: Hay Derecho, 3 de febrero de 2020)

14.- La vinculación de lo bueno y lo justo en concreción de los valores éticos de la sociedad es el norte de una política Judicial recreada en sentencias apegadas a esos lineamientos axiológicos cuya instauración y protección es la promesa no cumplida del Estado para esa gran mayoría que los espera de ese órgano de máxima relevancia estatal; es decir, , desde otra perspectiva de este discurso la función política del Poder Judicial es anteponer -sin imponer- una línea conductual a través de decisiones claras, transparentes y ajustadas al marco ético del ordenamiento jurídico.

15.- La premisa de que siempre será más poderoso un buen ejemplo que cien castigos no falla y con mucho mayor razón en el ámbito de las políticas públicas provenientes del Poder Judicial. En uno de mis escritos (La Legitimidad del Estado, Editorial Jurídica Continental, 2017) señalé como una responsabilidad política del Poder Judicial, la de establecer una dirección social para dotar los contratos públicos y privados de seguridad jurídica; el control de legalidad del poder público, así como la disminución de la criminalidad a partir de líneas jurisprudenciales sólidas, ordenadas y parejas, esto es, sin saltos bruscos entre una resolución y otra, dependientes de los sujetos involucrados en las causas.

La actividad política del Poder Judicial

16.- A diferencia de lo expuesto en los párrafos precedentes en relación con la función administrativa del Poder Judicial, la actividad política en el Poder Judicial (nótese el cambio terminológico) es un elemento nefasto para su grandeza institucional.

17.- En el contexto del marco ético del ordenamiento jurídico señalado en el epígrafe 14) se leen dos ramificaciones, la objetiva y la subjetiva; la primera se refiere a la aplicación de la regla jurídica a partir de una interpretación racional, lógica y finalista en relación con el objeto del proceso, que deviene -de esta manera- en el límite y alcance del ejercicio jurisdiccional; en lo relativo al contexto ético subjetivo, se alude a la independencia emocional del juzgador para decidir como lo disponen los valores, principios y reglas atinentes a la causa, con prescindencia de sus particulares inclinaciones.

18.- Esta separación ha sido objeto de grandes disquisiciones doctrinales que han culminado en abundantes reglas jurídicas para impedir que situaciones ajenas al proceso incidan gravemente en la recta decisión del caso; así se impusieron sanciones procesales como la excusa, la recusación o el impedimento para impedir la participación de administradores de justicia con intereses personales en las causas.

19.- Desde tiempos inmemoriales se ha pensado que el hombre, considerado más esencia que materia, es dominado más por sus sentimientos y emociones que por la razón, de ahí que aún con todas las dificultades materiales para una verdadera justicia humana, la gran mayoría de ordenamientos jurídicos se resignan a imponer como regla general, el sometimiento a la Constitución y a la Ley (sinónimo de Derecho); sin embargo, la historia ha demostrado que resulta más sano que la decisión se dicte con una venda en los ojos.

20.- Cuando las decisiones administrativas del Poder Judicial se convierten en un fin en sí mismo y no en función del servicio público de administración de justicia; cuando las resoluciones jurisdiccionales se toman en consideración de los sujetos involucrados en la causa y no a partir del proceso en vinculación única con la prueba y las reglas aplicables; cuando son más importantes las emociones que la razón, estamos frente a una actividad política en el y del Poder Judicial, que ensucia, mancha y corroe todos sus órganos, y conductos; con ello, el derrumbe del Estado.

21.- A lo largo y ancho de este planeta Tierra, se han producido y se producen profundos conflictos políticos en los poderes legislativo y ejecutivo, con rupturas institucionales y parálisis simultáneas de esos órganos, pero nunca en el Poder Judicial, cuya majestad es de todos reconocida y aceptada; esas muestras de sensatez para mantenerlo alejado de esos vaivenes debe conducir a un replanteamiento mental de su comportamiento social; requiere un proceso de reconcienciación de su significado, desde las cumbres de la magistratura hasta el menor de los servidores, porque en ello nos va todo y a todos.

Dr. César Hines C.

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