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Entre la decisión política y el control jurídico

Uno de las disyuntivas de mayor peso que se produce en los órganos jurisdiccionales contralores del poder público es diferenciar la decisión política del control jurídico al que somete o cuando menos debería serlo. Confunden el mandato legal del administrador público de turno, atribuyéndole efectos de una patente corsaria, como si el poder delegado por el sufragio o por selección deviene en una atribución divina en la que se rinden cuentas únicamente a los dioses.

Bajo el abigarrado cielo de las interpretaciones históricas sobre la primacía del Derecho Administrativo sobre el Derecho Constitucional y dejando a cada intérprete la inclinación que mejor se le acomode, lo cierto es que dos elementos sustanciales del Derecho Administrativo (al que me inclino como primera frontera entre el poder público y el derecho individual, en minúscula para diferenciarlo del Derecho como orden social) desde su nacimiento fue la delimitación del poder público y la consagración de espacios a favor del individuo frente a aquel poder.

No obstante, la claridad finalista de esas líneas, hubo dos reglas en la negociación del pacto social que se inclinaron hacia un lado de la balanza, como lo fueron las relacionadas con el poder impositivo (público por antonomasia) y la potestad represora del Estado. La primera por la supuesta lógica de que el Estado como proveedor de los servicios generales requeridos por la colectividad necesitaba de medios económicos para sufragar los costos que esos servicios colectivos demandaban y el segundo, para delimitar la acción individual de la justicia.

Con la creación de esas reglas delimitantes del poder público, también vieron la luz órganos contralores y fiscalizadores de ese poder, tendientes a darle su verdadera dimensión a partir de una valoración bipartita: por un lado, el poder público por encima de la persona, al que los contralores oponían cierta resistencia para apaciguar la sensación de desprotección y soledad individual.

A pesar de ese intento por equilibrar las fuerzas entre el poder y el derecho, siempre hubo (y todavía hay) un componente desfavorable a la persona despegada del poder: la constitución e integración de los órganos contralores, que se mantiene bajo el mando y la voluntad de los controlados, cuyo resultado es que 400 años después de las primeras manifestaciones de descontento con el ejercicio abusivo por el poder público, la regla todavía se mantiene: El prisionero escoge a su gendarme.

Bien está que esas delimitaciones al poder público generaron reacciones adversas en sus titulares, que derivó en la búsqueda incansable de medios legítimos de eludir esos obstáculos para ejercerlo ilimitadamente y en esa insistente técnica elusiva a los controles, se identificó el medio idóneo para hacerlo dentro de lo que podría considerarse, como un poder legitimo

Se probaron distintas fórmulas: el poder divino descendiente directamente de los dioses; el poder delegado por el pueblo en un acto de suprema soberanía y otros similares, pero la cúspide creativa fue la construcción doctrinal del llamado "acto político". Hazaña de hazañas originada en las brillantes mentes de sus progenitores, pero que no enerva la posibilidad de cuestionarse, en esta ya bien alargada temporada desde su nacimiento, sobre su verdadera esencia.

Está sobradamente dicho por la doctrina (la que también debe leerse y analizarse con lupa por las inclinaciones ideológicas de los distintos autores en cada momento histórico) que el acto político es aquel que atiende al ejercicio de un mandato popular por el contenido propio de la conducta, que está sustentado en una apropiación de la voluntad general (la ley o el acto individual propiamente dicho) para satisfacer intereses superiores que trascienden y escapan al control jurisdiccional limitadamente jurídico.

El acto político deviene en consecuencia, en la decisión de una persona (o reducido grupo de personas) a quienes se les atribuye niveles superiores de sabiduría en relación con el común de la gente, por lo que esa profundidad de pensamiento trasciende el conocimiento humano, técnico o científico del juez, impedido por esas limitaciones para controlarlo en razón de que violentaría el pensamiento de toda una sociedad representada en esa persona (o grupo de personas) cuya gnosis, sapiencia y erudición devienen incuestionables.

Los Tribunales Constitucionales a lo largo y ancho del planeta concluyen que el reconocimiento de un gobierno, la aceptación de un diplomático, la declaratoria de guerra o de la paz, es un acto político ajeno a todo control de los jueces, aún cuando contravengan valores y principios constitucionales. Incluso, más allá de las consideraciones racionales sobre el ejercicio del poder frente a los derechos individuales, la Corte Suprema de los Estados Unidos y de ahí hacia abajo en la estructura judicial, han renunciado a fiscalizar conductas del Poder Ejecutivo cuando se aleguen motivos de “seguridad nacional” para convertirla en la configuración más exitosa del acto político y su descontrol judicial.

El nombramiento de los ministros y de los miembros de las Juntas Directivas de las entidades autónomas, (ubicados en el contexto costarricense) por parte del Poder Ejecutivo, es considerado un acto político, lleno a reventar de lo que se denomina discrecionalidad política, pero, en el decreto de estilo para darle legalidad al nombramiento, se invocan los artículos 139 y 140 de la Constitución Política y sus pares de la Ley General de la Administración Pública, lo que permitiría el control jurídico en tanto el acto político en los términos y fórmulas doctrinales y jurisprudenciales con las que ha sido revestido, no requiriría de justificación jurídica ante la total discrecionalidad para su emisión.

Si se tratara de una decisión política ajena al control jurídico, la fundamentación en un Tratado o Convenio Internacional compuestos por "normas jurídicas" o bien, en la Constitución y en las leyes internas deviene en improcedente, en tanto la interpretación y aplicación de las reglas jurídicas está reservada -en última instancia- a los jueces internos o externos, quienes valorarán la correcta o incorrecta subsunción de la regla dicha a la conducta cuestionada.

Los actos políticos en su esencia están delimitados por las consideraciones, valoraciones y análisis políticos, con prescindencia de cualquier alusión a las normas del Derecho positivo y los principios que las informan, porque en el momento en que se fundamente en una norma jurídica, se abre el portillo del control judicial bajo la sombrilla del contralor de constitucionalidad o de legalidad según sea el caso, si se atiende que el numeral 154 de la Norma Prima dispone que los jueces están sometidos únicamente a la Constitución y a la Ley.

Ubicados en un contexto más raso, en el ordenamiento jurídico costarricense (constitución, leyes, reglamentos, jurisprudencia) el concepto de acto político se ha prostituido para extenderlo a simples decisiones o conductas administrativas que por el simple hecho de provenir de un poder público, no ameritan discusión, análisis ni valoración de su legitimidad democrática ni de su legalidad.

Bástase para esa inmunidad contralora, con que se señale que la decisión ampara intereses públicos, recursos públicos o atiende a la buena gestión administrativa, para sacralizarla y vestirla con las ropas de la intocabilidad, como si las personas proveedoras de los recursos públicos a través de los tributos, delegaron en el poder político el derecho incontrolable a utilizarlos discrecionalmente o si la buena gestión de esos recursos fuera un concepto abstracto sin vinculación con las personas físicas a las que se "supone" están destinados.

El aposento cómodo de lo viejo conocido ha sido a lo largo de los tiempos el lugar común de los contralores sin que ello sea una regla irrestricta e insuperable. Todo cambia, incluidas las formas de pensar de ver, analizar y valorar los acontecimientos sociales. En la actualidad el rompimiento de las estructuras institucionales en favor de las personas requiere una revisión de los cómodos aposentos de no enfrentar al poder como corresponde.

La intervención de los Tribunales Internacionales en casos y situaciones donde los órganos internos parecen encerrados en una burbuja intelectual, ha sido una apertura fundamental para mejor garantizar el apego al Orden Jurídico, que ya no está limita a un grupito de reglas jurídicas, sino a todo un tinglado de valores y principios nacionales e internacionales.

En el ámbito costarricense, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos rompió lo que fueron algunos paradigmas jurisprudenciales, sin embargo, en relación con el que acto político, esperamos más de nuestros tribunales internos, en aras de limitarlo a lo que sea exclusivamente una conducta política sin arraigo ni en los valores ni en los principios ni en las normas del Ordenamiento positivo. Ahí lo dejamos por si alguien encuentra alguna actividad de los órganos del Estado que cumpla con esos requerimientos.


Dr. Cesar Hines Cespedes.

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