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Estado de excepción y estado de emergencia/estado de alarma

En situaciones como la presente, donde la alarma mantiene cerrados los poros cerebrales para cualquier cosa distinta a los detalles sobre el avance de la enfermedad Covid-19, resulta difícil prestar atención a las cuestiones relacionadas con las garantías constitucionales que aparentemente han perdido importancia en un grueso sector de la sociedad, incluido el ámbito parlamentario donde debería ser foco de atención suprema.

El apoyo mayoritario de la población a las medidas ordenadas por el Poder Ejecutivo, constituyen un espaldarazo a la gestión administrativa para el control de la pandemia, sin que tal apoyo pueda servir para abusar de los poderes otorgados por la Constitución, puesto que con independencia del estado de alarma en el que el país se encuentre, las decisiones formales y las actuaciones materiales están sujetas al marco jurídico que dispone la Carta Suprema y las leyes que la reglamentan.

Costa Rica se encuentra en una emergencia nacional o como otros lo califican “estado de alarma” que es distinto al estado de excepción, cuya implicación es que en el primero el Poder Ejecutivo está imposibilitado de atribuirse poderes sobrepasando los límites constitucionalmente reconocidos, que si resultan factibles frente a un estado de excepción, precisamente porque así lo dispone la misma Constitución bajo las reglas dispuestas por el artículo 140, inciso 4).

Estado de excepción: Un Estado de excepción deviene posible cuando situaciones extraordinarias reclaman el otorgamiento de poderes extraordinarios al Gobierno. Este concepto acuñado por el jurista alemán Carl Schmitt, se refiere a la situación extrema en la cual el soberano ejerce su facultad de determinar al enemigo público, trascendiendo, si es necesario, el estado de sitio con el fin de proteger el bien público particularmente afectado.

La emergencia: El diccionario de la Real Academia Española califica la emergencia como "suceso o accidente que sobreviene" y "situación de peligro que requiere una acción inmediata". La Asociación Médica Americana, la define como la situación que pone en peligro inmediato la vida del paciente o la función de un órgano; mientras que para la Organización Mundial de la Salud (OMS), emergencia es el caso en que la falta de asistencia conduciría a la muerte en minutos en el que la aplicación de primeros auxilios por cualquier persona es de importancia vital, indicándose también, que en una emergencia, la persona afectada puede llegar a la muerte en un tiempo menor a una hora.

La urgencia: Según la Asociación Médica Americana (AMA), urgencia es toda condición que, en opinión del paciente, su familia, o quien quiera que asuma la responsabilidad de la demanda, requiere una asistencia sanitaria inmediata. Y según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se puede definir como la aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o de su familia. Según este organismo también es definida como la patología cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, pero que debe ser atendida en seis horas como máximo, para evitar complicaciones mayores.

Una de las características del Estado de Excepción, es la posibilidad de suspender o restringir -según sea el caso particular- los derechos y garantías individuales, entre los que normalmente son afectados para la primera situación, la libertad personal, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la de expresión, la inviolabilidad del domicilio, mientras que algunos derechos tienden a restringirse, como el de asociación, la propiedad privada.

En un estado de urgencia o emergencia, el Poder Ejecutivo como director general de la Administración cuenta con poderes extraordinarios para erradicar, mitigar o resolver las situaciones de peligro, donde las atribuciones legales conferidas para esos efectos pueden ejercitarse en todo el territorio nacional o en parte de él, según sea la naturaleza de la contingencia. Cuando la situación de emergencia o urgencia comprende la totalidad de la población o cuando menos a un grueso porcentaje de la misma, algunos la denominan “estado de alarma”.

Utilizar una calamidad pública como el COVID-19 para asumir poderes más allá de lo que la emergencia sanitaria demanda, sería una infracción de la más graves a un sistema democrático, porque en la realidad estaríamos frente a un estado de excepción encubierto, dado que la regulación de las figuras de emergencia es enormemente restrictiva pero busca que cualquiera de estas medidas tenga un nivel de escrutinio adecuado. Por ello, aplicar medidas propias del estado de excepción bajo un estado de alarma -que tiene un nivel de escrutinio inferior- vulneraría los controles jurídicos tendientes a evitar que el Ejecutivo actúe con arbitrariedad recortando derechos fundamentales sin control.

No hay duda de que una crisis sanitaria calificada por la Organización Mundial de la Salud como “pandemia” justifica plenamente una declaratoria de emergencia o de estado de alarma -como se apuntó en el párrafo 8- y con ello el reconocimiento al Ejecutivo para ejercer facultades exorbitantes, de las que ya muchas fueron puestas en práctica: teletrabajo obligado, cierre de centros educativos, restricción sanitaria, restricción vehicular, o el cierre de locales comerciales

Sin embargo, es necesario clarificar y dejar bien sentado, que esas atribuciones extraordinarias para paliar la crisis sanitaria es exclusivamente para esos efectos, sin que se pueda sustituir por una patente de corso para restringir libertades en general y otros derechos ciudadanos carentes de relación de causalidad con el objeto origen de la emergencia o porque teniéndola, trasciende el ámbito íntimo de las personas.

El tema del estado de excepción y el estado de alarma fue estudiado por el Tribunal Constitucional español que señaló: “a diferencia de los estados de excepción y de sitio, la declaración del estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental (art. 55.1 CE contrario sensu), aunque sí la adopción de medidas que pueden suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio[1].

Si bien, todavía no encontramos ninguna acción que pudiera calificar más como un estado de excepción que de un estado de alarma, hay que mantenerse en posición de alerta frente a las decisiones del Poder Ejecutivo, porque la tentación de sobrepasar los límites de las atribuciones está siempre latente, por lo que el escrutinio al que se someta no debe ser visto como una intromisión a las gestiones paliativas de la crisis sino como un deber cívico para evitar otra crisis tan grave o mayor que la que se busca resolver: el autoritarismo.

Ahora bien, un agravamiento de la situación -que no se descarta del todo- podría requerir de medidas más severas de confinamiento con la suspensión definitiva del derecho a la libre circulación de ciudadanos que no desempeñen funciones esenciales -entre otras varias- en cuyo caso, el Poder Ejecutivo tendrá que acudir al Parlamento para solicitar aprobación para esa declaratoria de estado de excepción.

Sin calificar las bondades de las medidas tomadas por el Ejecutivo, pareciera que por ahora están dentro del marco constitucional, sin perjuicio de su revisión posterior por otros órganos del Poder Judicial en caso de causar daños a una persona o grupo definido de ellas; pero en términos democráticos, es importante subrayar que las controversias que surjan por la aplicación de esas medidas restrictivas a los derechos y garantías constitucionales, deben ser analizadas rigurosamente, tanto por la jerarquía del derecho como por la intensidad de la afectación, para lo que incluso, resultaría positivo que la Sala Constitucional se pronunciara -resolviendo algún recurso- arrojando luz sobre los difusos contornos entre el estado de alarma y el de excepción.

Finalmente, resulta alarmante la forma en que algún sector parlamentario ha omitido su función de control político, confundiendo esa obligación constitucional con la solidaridad en esta crisis sanitaria, cuando en realidad son conductas complementarias. Dejar que el Poder Ejecutivo actúe a la libre incurriendo en actitudes arbitrarias con visos de totalitarismo no es un comportamiento democráticamente sano con emergencia sanitaria o sin ella, eso sería complicidad parlamentaria con quiebre del Estado de Derecho.

La solidaridad del legislativo se traduce en decretos parlamentarios -leyes- tendientes a paliar los efectos adversos que la pandemia está produciendo, incluye facilitar los recursos financieros extraordinarios para adquirir equipo médico y medicamentos para aumentar la base de los sistemas de salud, sin callar ante algún atropello constitucional o coadyuvar para que se produzca.

Dr. César Hines C.

[1] Tribunal Constitucional español, Sentencia número 83/2016.

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