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Finalidad, efectos y consecuencias de las prevenciones procesales

Finalidad, efectos y consecuencias de las prevenciones procesales

El Derecho como ciencia social estudia los fenómenos que se producen en

las relaciones humanas y los plasma en un ordenamiento jurídico que es el

producto de los análisis realizado por los científicos sociales, de ahí que las

normas jurídicas necesariamente persigan una finalidad, que además, debe

ser práctica, esto es, que constituya un beneficio para la colectividad, de

cualquier naturaleza que este sea.

La objetividad del ordenamiento jurídico es una consecuencia directa e

inmediata derivada de la inmutabilidad de las normas jurídicas que lo

integran, cuyos postulados siempre serán los mismos -mientras se mantenga

invariable en su texto y contexto- porque están en función de los objetivos

perseguidos con independencia de los sujetos participantes en la ecuación,

pero, se apunta la paradoja, ante la necesidad de que las reglas jurídicas

operen por requerimiento de un sujeto, el ordenamiento deviene en

subjetivo por su finalidad, en el tanto, su función social está para satisfacer

esas necesidades de las personas.

Es subjetivo entonces, en razón de que está dirigido a resolver un conflicto

de intereses o a paliar una situación puesta en evidencia por una o varias

personas que demanda solución y, mantiene su objetividad porque la

satisfacción dada por una determinada regla jurídica debería ser siempre la

misma cuando sean semejantes las circunstancias fácticas; del anterior

razonamiento se sigue que sin un sujeto destinatario de la solución dada por

una regla a un determinado presupuesto fáctico, el Derecho estaría

desprovisto de valor por carecer de una finalidad.

Cuando nos enfrentamos con el postulado “prohibido pisar el césped”

tenemos dos posibles interpretaciones: a) se busca no maltratarlo, b) se

persigue no maltratarlo para mantenerlo agradable a la vista de las

personas. Esta segunda respuesta que es su finalidad, tiene su origen en los

principios filosóficos socráticos por los que se considera que la belleza le

hace bien al espíritu; principios que cada vez se han introducido más

fuertemente en el ordenamiento jurídico especialmente en temas urbanoambientales,

con regulaciones urbanísticas que impiden edificaciones en

determinados lugares, o la imposición de reglas arquitectónicas en otros

para mantener la “belleza” del paisaje, por ejemplo. Como quiera que se

analice, la regla jurídica en su objetividad tiende a una finalidad subjetiva,

porque está dirigida a la persona humana de manera mediata o inmediata.

Ese fin perseguido por el ordenamiento jurídico está igualmente contenido

en el denominado Derecho sustantivo, así como en el Derecho instrumental

o procesal; cierto es que las reglas protocolarias tienden -finalmente- a la

aplicación de la regla sustantiva que dirimirá el conflicto de manera

permanente, pero a la postre esa pretensión siempre es la de satisfacer la

necesidad de justicia de los participantes en el proceso, razón suficiente

para darles la interpretación que mejor satisfaga ese deseo colectivo de

resolver los conflictos civilizadamente.

Como ya se señaló, el objetivo último de la regla procesal es el de facilitar

la aplicación de las normas materiales, pero antes de llegar a ese estadio

del proceso, la finalidad primaria es la de ordenar el proceso en pasos

lógicos en los que el anterior es requisito esencial para el siguiente, tendiente

a agotar las fases que conduzcan a una sentencia apegada a los hechos,

las pruebas y el Derecho sustantivo que resulte aplicable.

En ese cauce protocolar, el Derecho procesal busca un equilibrio de fuerzas

entre los participantes, lo que ha derivado en un principio universal que

podríamos calificar como el principio de intangibilidad del proceso; al

considerarse las reglas protocolares como normas de orden público,

queriéndose decir con esa declaración, que estas regulaciones se valen por

sí mismas, sin necesidad de interpretaciones (re)torcidas y ante alguna zona

gris, se interpretará de la manera que mejor resulte al avance del proceso

sin alterar el equilibrio interpartes.

Desde nuestra perspectiva jurídica, el proceso en sentido estricto nace a

partir de la integración de la litis, esto es, cuando el encontronazo entre las

partes tuvo lugar sin retroceso, pero para que tal etapa tenga lugar, se

demanda el cumplimiento de varios requisitos, algunos necesarios para la

formalidad del proceso y otros que, aunque siendo formales, tienen una

posición sustancial para trabar la litis y resolver en contra o a favor de quien

en Derecho y en derecho corresponda.

Esos requisitos que denominamos pre-proceso en cuyo incumplimiento el

Tribunal acude a las denominadas prevenciones para su satisfacción, tienen

distintos efectos y consecuencias; algunos son de obligatorio acatamiento

para iniciar la causa, otros para trabar la litis; un tercer grupo que es

superable en cualquier estadio del proceso y, finalmente, están aquellos

requisitos cuyo incumplimiento imponen el archivo, particularmente en el

proceso contencioso administrativo.

De obligatorio acatamiento para iniciar la causa: identificación clara y

precisa del demandante y demandado, el objeto del proceso, el detalle de

los hechos, las pruebas, pretensiones claras y precisas; personerías (cuando

proceda) lugar para notificar a las partes, autenticación de las firmas o

poderes judiciales; requisitos para trabar la litis, serían todos los anteriores

más aportar tantos juegos de copias de todo lo presentado como partes

haya en el proceso; requisitos superables en cualquier etapa del proceso, el

pago de timbres de abogados, o de especies fiscales; y aquellos que

derivan en un archivo, son la existencia de una litis pendencia, la cosa

juzgada o bien que la conducta no sea susceptible de impugnación.

Realizados los enunciados anteriores, el cuestionamiento consiste en

determinar la finalidad, los efectos y consecuencias de esas prevenciones

procesales, al tratarse de condiciones diversas con distintas respuestas

dentro del proceso. Sin embargo, nuestro interés se concentrará en los

condicionantes pre-proceso; es decir, aquellas omisiones formales

prevenidas antes de trabarse la litis.

La finalidad de una prevención depende de la naturaleza de la omisión,

razón por la que los efectos y consecuencias son distintos en cada una de

ellas; la omisión del pago del timbre del Colegio de Abogados a modo de

ejemplo, puede ser prevenida en cualquier etapa del proceso sin efectos ni

consecuencias para el omiso en razón de que esa obligación del litigante

es la satisfacción de un componente financiero en favor de un tercero no

participante del proceso, por lo que su cumplimiento en cualquier etapa, es

intrascendente al contenido material del conflicto, de ahí que resulta

improcedente declarar la inadmisibilidad de una demanda, por la omisión

del pago respectivo.

el derecho, donde el primero se refiere al ordenamiento jurídico y el otro al que concierne

subjetivamente a la parte.

Sin embargo, se acusa una falta de análisis en los juzgadores tramitadores

en relación con el incumplimiento de prevenciones y las declaratorias de

inadmisibilidad de las demandas cuando no se ha trabado la litis; falta de

rigurosidad en doble vía, en el análisis de las reglas procesales que señalan

las posibilidades de inadmisión de la acción y en la finalidad del requisito en

relación con la prevención.

Efectivamente, la prevención procesal incumplida que no afecte los

derechos procesales de la contraparte porque no se ha trabado la litis,

debería ser insusceptible de provocar la inadmisibilidad de la demanda sino

solamente para decretar su suspensión, claro está, por el plazo máximo

posible antes de que acaezca la caducidad, en cuyo caso no estaríamos

ante un archivo de la acción por razones de inadmisibilidad por el

incumplimiento de la prevención sino por abandono de la acción por parte

del demandante, que es una situación distinta.

Adicionalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 del Código

procesal contencioso administrativo, la inadmisibilidad de la demanda se

produce cuando la demanda carece de alguno o varios de los requisitos

del artículo 58 del Código de la materia, y ante su prevención se incumple

dentro del plazo otorgado, porque como se dijo, líneas arriba, las reglas

procesales son de orden público y no admiten interpretaciones ni

aplicaciones contrarias a su texto.

Se trata de a sanción concreta y expresa establecida por el legislador por

el incumplimiento pese a ser prevenido por el juzgador; salvedad hecha de

esa norma, el Código no contiene ninguna otra regla que expresamente

sancione con la inadmisibilidad de la demanda por razones similares, cn

excepción del numeral 120 ibid, en el que se contempla la inadmisibilidad

de las pretensiones que es objeto distinto, como lo señalo más adelante.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 del Código procesal

contencioso administrativo, cabría la declaratoria de inadmisibilidad de la

demanda, cuando ante la prevención de incumplimiento de los requisitos

del artículo 58 del Código de la materia, el demandante incumple esa

prevención dentro del plazo otorgado, esto porque como se dijo, líneas

arriba, las reglas procesales son de orden público y no admiten

interpretaciones ni aplicaciones contrarias a su texto.

Sin embargo, hay otros requisitos no establecidos en el numeral 58, que están

dispersos en el código o en otras leyes; tal es el caso de las copias de todo

escrito o documento, que dispone el artículo 49 del Código procesal

comentado, o lo relacionado con el expediente administrativo al tenor de

los artículos 51 y siguientes del mismo cuerpo legal procesal, o como el

señalado timbre de abogados regulados en la Ley del Timbre del Colegio

de Abogados al igual que las especies fiscales reguladas en el Código Fiscal.

Ni el artículo 49 ni los concernientes al expediente administrativo (51, 52, 53,

54 y 55) del Código de Rito contencioso administrativo imponen la

inadmisibilidad de la demanda en caso de incumplimiento de la

prevención; incluso, el inciso 2) del artículo 55, establece la suspensión del

proceso causado por el incumplimiento, lo que, en una aplicación

equilibrada, la falta de copias -a modo de ejemplo- conduciría a una

suspensión y no a la inadmisibilidad.

El estudio objetivo de la regla procesal para su aplicación debe dirigirse a

escudriñar su finalidad dentro del proceso, porque el principio universal de

la justicia, cuando menos la terrenal, es la de dirimir de manera definitiva los

conflictos, desalojarlos del espíritu social, descartarlos de las tareas

pendientes y satisfacer la necesidad humana de ser escuchado, atendido

y respondido con una solución que, aunque no resulte de su agrado, es la

respuesta legal al conflicto planteado.

A nuestro criterio, el legislador incurrió en una confusión conceptual al

asimilar la inadmisibilidad de la demanda con la inadmisibilidad de las

pretensiones, siendo dos cosas diferentes. La demanda es el libelo mediante

el cual una parte se apersona a un tribunal a exponer su caso, con el

propósito de que se le satisfagan determinadas pretensiones, para lo que

señala los antecedentes de la causa y ofrece las pruebas que lo

acompañan; el término lingüístico demanda está dirigido a solicitar, a pedir

la intervención de un tercero imparcial -el juez- nombrado por el Estado,

para que se le declare, reconozca o restituya en una determinada situación

jurídica que desglosa en sus peticiones; las pretensiones, por su parte, son las

reinvidicaciones que el reclamante busca le sean reconocidas por el

Tribunal de la causa, derivadas de los hechos y las pruebas que aporta en

su demanda para demostrar su origen y las razones por las que tiene el

derecho a que se le satisfagan.

El artículo 120 del Código de la materia, que a la letra dispone. “1) La

sentencia declarará la inadmisibilidad, total o parcial, de la pretensión en

los casos siguientes: a)… b)… 2) si el Tribunal determina la existencia del

supuesto contemplado en el apartado 1) del artículo 66, procederá

conforme al artículo 5, ambas normas de este Código, aun cuando por

resolución interlocutoria se haya rechazado alguna defensa previa

interpuesta. 3) Si, en las mismas condiciones indicadas en el párrafo anterior,

el Tribunal determina la existencia de alguno de los motivos señalados en los

incisos b), d), e) y f) del artículo 66, concederá un plazo de tres días hábiles

para que se subsane el defecto y de ser necesario retrotraerá el proceso a

la respectiva etapa procesal. Si se incumple lo prevenido, la pretensión se

declarará inadmisible”.

La primera parte del artículo citado está técnicamente correcta, en cuanto

a que la inadmisibilidad de una pretensión tiene lugar cuando al Tribunal le

resulta vedado, por disposición legal, reconocer un derecho, en este caso

de los subincisos a) y b) del citado ordinal 120, porque la conducta de la

que -supuestamente- deriva ese derecho, no puede ser impugnada o bien,

cuando sobre el derecho pretendido ya hubo un pronunciamiento anterior

con calidad de cosa juzgada material.

Es en la segunda parte de la norma donde se materializa la confusión,

porque la eventual existencia de los motivos señalados en los incisos b), d),

e) y f) del artículo 66 ibid, que no se subsanen dentro de los plazos otorgados,

no da lugar a la inadmisibilidad de pretensiones, sino a la inadmisibilidad de

la demanda conforme a la relación de los artículos 61 y 66, inciso 2) del

Código Procesal Contencioso Administrativo.

Esa es la razón por la que las normas procesales tienen distintas finalidades

dentro de un mismo proceso; unas buscan equilibrar el proceso, otras

equilibrar los recursos de los contendientes y otras facilitarle al juzgador su

laboriosa tarea de impartir justicia para arribar a la decisión más equitativa

posible en atención a los insumos incorporados al expediente.

La rigurosidad en la aplicación de las normas procesales es un imperativo

jurisdiccional para evitar injusticias o retardos innecesarios en la solución de

las controversias que se le someten, pero la extrapolación de sanciones no

contempladas por el legislador para casos en los que no se afecta el

equilibrio procesal por no haberse trabado la litis, es una interpretación

extensiva grosera y inadmisible a la regla procesal.

Dr. César Hines C.

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