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Huelga y servicios esenciales.


Con ocasión de la normativa en proyecto sobre la huelga en los servicios públicos esenciales, se han diseminado a lo largo de la discusión, tesis ajenas al elemento fundamental de la teoría legislativa para la regulación de las huelgas. La huelga en su dimensión formal es el instrumento jurídico que el Constituyente puso a disposición de los trabajadores para manifestar su disconformidad con el tratamiento laboral relacionado con las prestaciones económicas y sociales, ya sea para reprochar o para promover una determinada política laboral en el seno de la empresa privada o pública en la que se desarrolla la relación laboral reprochada o promovida. Si bien, su ocurrencia se ha extendido en el plano espacial y de contenido, se mantiene su componente básico con independencia de la permisividad jurídica con la que se ha soportado su extensión a otros conflictos desvinculados del plano estrictamente laboral.


Esto ha significado que los sindicatos se han auto atribuido la representación popular de la sociedad que constitucional ni legalmente les ha sido reconocida, ejecutando manifestaciones públicas -que no son huelgas por lo ya dicho arriba- en defensa de intereses generales que no les corresponde representar y con incidencia en la buena marcha de los asuntos públicos y privadas con grave dislocación del orden público.


Los sindicatos están jurídicamente autorizados a recurrir a la huelga cuando las relaciones obrero-patronales han sufrido una dislocación que atenta contra los derechos e intereses de los trabajadores, tanto en el plano económico como en el social (cambios de horarios abruptos y groseros que atentan contra la familia, por ejemplo)


Constitucionalmente están prescritos los límites y alcances de la acción sindical. Efectivamente, el artículo 60 del Código Política dice en lo que interesa: “Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales y profesionales

Implica la regla anterior, que la acción legítima de los sindicatos está delimitada por los fines sin extenderse a la protesta general por decisiones políticas de los poderes del Estado. Hasta ahí llega el alcance de la huelga desde su concepción técnica jurídica, porque cualquier otra oposición ajena a esa relaciones puntuales, como las decisiones del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, son manifestaciones que están constitucionalmente autorizadas pero no puntualizadas a favor de ninguna organización en particular, pero que se separa del concepto de “huelga” en tanto carece del elemento vinculatorio principal: la relación laboral.


Cuando se alude a la huelga en los servicios públicos esenciales, hay tres elementos cuya definición individual es precedente a su conjugacion en aras de la armonización legislativa. El primero de ellos es la definición de huelga, que como ya se dijo, es un rompimiento del orden distinto al nacido de una manifestación y protesta en razón de que estas últimas están abierta a todos cuantos se sientan afectados por las decisiones que las producen y además, es ajena a los fines socioeconómicos enchufados particulamente a los de la huelga, sin que necesariamente sean opuestos.


Como se señaló en el párrafo 13), la situación política, económica, social y hasta cultural, tiene relación directa con el concepto de servicio público y de esencialidad. A finales de los 70’s se tuvo que emitir un decreto ejecutivo para declarar el expendió de arroz y frijoles de interés público (esencial) para impedir la acapararían de la que estaba siendo objeto por parte de los industriales y comerciantes, ante una escasés que hubo; acaparamiento con pretensiones de subir los precios artificialmente en detrimento de la población; en la actualidad y a pesar de que la población sigue consumiéndolos en grandes cantidades y mantiene su condición de fuente principal de nutrición, no parece necesaria esa declaratoria.


Como se señaló en el párrafo 13), la situación política, económica, social y hasta cultural, tiene relación directa con el concepto de servicio público y de esencialidad. A finales de los 70’s se tuvo que emitir un decreto ejecutivo para declarar el expendió de arroz y frijoles de interés público (esencial) para impedir la acapararían de la que estaba siendo objeto por parte de los industriales y comerciantes, ante una escasez que hubo; acaparamiento con pretensiones de subir los precios artificialmente en detrimento de la población; en la actualidad y a pesar de que la población sigue consumiéndolos en grandes cantidades y mantiene su condición de fuente principal de nutrición, no parece necesaria esa declaratoria.


En aras de la claridad y seguridad, lo procedente y normativamente útil es señalar expresamente los que se considerarán servicios públicos y además, los que resulten esenciales, para expulsar la interpretación discrecional de cada potencial intérprete.


El artículo 121.1 de la Carta Constitucional, otorga “discrecionalidad política” a los representantes populares para dictar la legislación que mejor convenga a los intereses generales. Esa discrecionalidad política legislativa deriva del principio de representación conforme a los artículos 2, 105 y 106 de la Constitución, por la que cada legislador representa un porcentaje de la población y en tal virtud se les delegó la responsabilidad de dictar las reglas de conducta de la sociedad y esas decisiones se convierten en la voluntad popular (aunque sea en sentido figurado).


De esta manera, la calificación de lo que es un servicio público esencial no depende de doctrinas exógenas ni de tesis conspirativas ni de la actividad per se sino porque las necesidades de la población en un momento histórico determinado así lo demanda. Si como se dijo en párrafos anteriores, hay servicios públicos que resultan de su propia naturaleza, hay algunos que son esenciales por su pura vocación y finalidad, como la salud, la seguridad, la educación.


No obstante, el legislador considerando la situación política, económica, social, y cultural de su país, puede ampliar la gama de servicios públicos y la lista de ellos que considera esenciales, de esta manera, servicios de alimentación que el Estado le provee a las personas más necesitadas; la manutención de los ancianos en los hogares destinados a ellos; el transporte público en todas sus modalidades (o solo algunas de ellas) la administración de justicia; el pago de las becas escolares y otros similares, pueden ser esenciales en un determinado momento y no serlo en otros.


Eso es posible por los cambios científicos y tecnológicos que dinamizan y muy rápidamente, la vida social, razón por la que no se puede dejar a la libre interpretación, porque además, esa valoración depende en gran medida de la posiciónn del intérprete. Un ejemplo de lo señalado es que para el sector productivo de la población, en razón de que estas últimas están abierta a todos cuantos se sientan afectados por las decisiones que las producen y además, es ajena a los fines socioeconómicos enchufados particularmente a los de la huelga, sin que necesariamente sean opuestos. ntérprete en alguno de esos dos sectores. Lo mismo se podría repetir para todos los demás servicios.


Para enriquecer la discusión es necesario agregar que la “esencialidad” de un servicio tiene mucha relación con los elementos antropológicos de la sociedad a la que están dirigidos, porque cada una tiene particularidades que constituyen un impedimento para generalizar una regla. A modo de ejemplo señalo el tema de la alimentación. En Costa Rica el consumo de arroz y frijoles es muy elevado, los que junto con los huevos, representan su fuente principal de alimentación.


Como se señaló en el párrafo 13), la situación política, económica, social y hasta cultural, tiene relación directa con el concepto de servicio público y de esencialidad. A finales de los 70’s se tuvo que emitir un decreto ejecutivo para declarar el expendió de arroz y frijoles de interés público (esencial) para impedir la acapararían de la que estaba siendo objeto por parte de los industriales y comerciantes, ante una escasez que hubo; acaparamiento con pretensiones de subir los precios artificialmente en detrimento de la población; en la actualidad y a pesar de que la población sigue consumiéndolos en grandes cantidades y mantiene su condición de fuente principal de nutrición, no parece necesaria esa declaratoria.


Otro marcador genético en la categorización de los servicios es el origen de los fondos que los financian porque a partir de esa fuente se comprende su importancia para el Estado; así, los servicios cuyo respaldo financiero son los impuestos (contribuciones especiales en el caso de la CCSS) definitivamente tienen una jerarquía superior de aquellos auto financiados con tasas. El poder coactivo del Estado para cobrar los tributos encierra simboliza la importancia de la actividad prestacional.


Finalmente, pero no por ello es importante, la clasificación de lo que son servicios públicos esenciales, debe estar bien fundamentada, en aras de no despojar de contenido el derecho a la huelga otorgado por el artículo 61 del Código Político, porque ha señalado la jurisprudencia constitucional, la razonabilidad y proporcionalidad, son paramétros de constitucionalidad de la ley, siendo apropiado excluir actividades que material o formalmente carecen de la condición de esenciales, para evitar infringir la regla 61 constitucional ante la ausencia de vínculo entre contenido y finalidad.


Eso es posible por los cambios científicos y tecnológicos que dinamizan y muy rápidamente, la vida social, razón por la que no se puede dejar a la libre interpretación, porque además, esa valoración depende en gran medida de la posición del intérprete. Un ejemplo de lo señalado es que para el sector productivo de la población, las telecomunicaciones en todas sus formas, son esenciales, pero también hay otro grupo nada despreciable que puede desenvolverse sin ellas; en caso de liberarse la interpretación, la esencialidad del servicio dependerá de la posición que tenga el intérprete en alguno de esos dos sectores. Lo mismo se podría repetir para todos los demás servicios.


Dr. César Hines C.

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