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¿Interés público, o guerra e egos en la contratación administrativa?

Históricamente, la concepción doctrinal del contratista es la de un colaborador de la Administración para la satisfacción de los intereses públicos concretizados en obras civiles como infraestructura pública para la prestación de servicios públicos, o bien a través de prestaciones continuas para los mismos propósitos. Así igualmente ha sido reseñado por abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, por el Consejo de Estado francés, por la Sala Constitucional y la Sala Primera en nuestro patio jurisdiccional.

En esa línea doctrinal la mayor coincidencia es que entre la Administración Contratante y el contratista hay una comunidad de intereses que tienen por finalidad realizar de forma óptima el objeto del contrato, pues la Administración satisface un cometido público y el contratista obtiene un beneficio por el servicio prestado o la obra concluida.


Nacida en Francia con HAURIOU y De LAUBADERE -según algunos autores- sin dejar lugar a dudas se ha indicado en una moderna concepción del contrato administrativo que los intereses del contratista circulan en la misma dirección que los de la Administración pues deviene en un colaborador voluntario al ofrecerse para satisfacer los obejtivos públicos de manera desintersada salvo la lógica satisfacción económica por los servicios prestados al igual que la recibe cualquier prestador de servicios, incluido el funcionario estatal.


Bajo la premisa anterior, el concepto de interés público deja de ser monopolio de la Administración, pues la actividad de ambas partes se encamina a satisfacerlo. Así, en la sentencia del 7 de febrero de 1984 del Tribunal Constitucional español señaló -en lo que interesa- que “La configuración del Estado como social de Derecho viene a culminar una evolución en la que la consecución de los fines de interés general no es absorbida por el Estado, sino que se armoniza en una acción mutua Estado-Sociedad”.


A la par de ese principio colaborativo, se desarrolló la doctrina del equilibrio financiero del contrato mediante el cual, las potestades pexhorbitantes de la Administración para modificarlo se ejercen sin provocar desequilibrio en las finanzas del contratista (caso de las obras extraordinarias que con frecuencia se piden) durante su ejecución, ya sea porque no se previeron al momento de formalizar el cartel; por imprevistos o porque razones inexistentes al momento de la contratación. (Como sucedió con algunos contratos cuya ejecución inició antes de la promulgación de la Ley para las personas con movilidad reducida mediante la que se impuso la obligación de construir rampas, servicios sanitarios con puertas de mayor anchura, etc)


No empece la lógica y razonabilidad de esa comunidad de intereses, en la práctica tenido varios giros bruscos en el desarrollo de las relaciones contractuales; en múltiples ocasiones al contratista se le supedita el pago a la satisfacción de los “caprichos” de los consultores de la Administración; se les quiere imponer el criterio técnico del representante administrativo aunque técnicamente sea improcedente, bajo la única razón de su poder público, y lo más grave, sin análisis de costos-beneficios funcionarios empoderados y sin control superior, deciden rescindir y resolver contratos en contrario al verdadero interés inmerso.


El interés comunitario que por principio se conviene con las partes del contrato, desaparece frente a la guerra de “egos” que se despliega a lo largo del proceso de ejecución contractual,entre los especialistas técnicos de cada parte y en las otras instancias administrativas que se arropan entre sí para satisfacer sus intereses subjetivos en detrimento de las prestaciones a las que estaban dirigidas las obras o los servicios.


La consecuencia del violento giro en las relaciones Administración-contratista se ha traducido en todo lo contrario a la colaboración, desenvolviéndose en el contexto de una especie de dialéctica de confrontación de pésimas consecuencias para el interés público. La Administración ha pasado, de un uso moderado y razonable de sus privilegios a una evidente situación de abuso de los mismos, acordando modificaciones con alteración de las etapas de ejecución con los consiguientes perjuicios para el contratista, en forma de mayores costes, pero negándose a reconocerlos; es común que “ordenen” modificaciones a los diseños originales o impone la ejecución de obras extraordinarias pero con negación simultánea de extender los plazos de ejecución.

La posbilidad de alterar las condiciones contractuales a favor de la Administración es de rigor, siempre que tiendan a satisfacer la necesidad pública para la que fue concebido, con un paralelismo en las condiciones de las partes para que unas no modifiquen la ecuación temporal y financiera con el otro. Como lo dijo el autor español José Luis Villar Escurza, esa conducta repetitiva en el ámbito de la contratación administrativa es simple y llanamente un abuso y la Administración (sus representantes) “juega” con el temor del contratista a enfrentarse abiertamente a ella, dado que aún le queda contrato por delantey mucha inversión en peligro.


Y es que parece existir un desprecio directo por el contratista, sin importar quien sea, lo importante es patentizar el poder público contra lo solamente cabe la obediencia; sin parar mientes que, cualquier decisión, rescisoria, resolutoria o obstruccionista, termina siempre pagándose y siempre con mayores costes para el Erario, sea al contratista original o a un tercero que lo supla para completar.


Muy a pesar de que el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública prohibe el dictado de actos contrarios a las reglas de la lógica, la ciencia, la experiencia o la conveniencia, las Administraciones públicas en Costa Rica declaran resoluciones contractuales porque el plazo de entrega se atrasó un mes, dos o tres, sin valorar que para retomar las obras por un tercero recontratado, el plazo para tales efectos supera en dos tantos cualquiera de los del atraso.


Para evitar esos excesos administrativos nacidos del ego y de la errónea concepción del poder, es necesario corregir el vacío existente en la Ley de la Contratación Administrativa en Costa Rica, e incluir la participación de una entidad u órgano al que el contratista pueda acudir en protección pronta de sus intereses y de los públicos concernidos (distinto a los Tribunales Contenciosos Administrativos por razones básicamente temporales en la respuesta al conflicto).


Lastimosamente la Contraloría General de la República no ejerce controles psoteriores al control recursivo en las primeras etapas del contrato, sin que exista una explicación razonable de ese apartamiento, puesto que la integración de sus normas sobre el control y fiscalización de la hacienda pública le permiten intervenir, de oficio o a petición de parte, sin que sea necesaria una reforma legal.


Para los que estamos inmersos en este mundo de los contratos públicos no resulta extraña la información aparecida en los medios de comunicación, al indicar que un funcionario del Ministerio de Educación se pensionó dejando abandonados más de 400 proyectos de infraestructura escolar. Cuando el ego y el ejercicio abusivo del poder son la guía, sufren los intereses públicos. ¿Habrá alguna autoridad que le ponga coto?

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