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La fábrica de pruebas en el proceso contencioso administrativo

En los procesos contenciosos administrativos se está haciendo muy común una práctica procesal que dichosamente los jueces más avezados y alertas están restringiendo por el bien de la justicia administrativa, cada vez más administrativa y menos justicia.

Las Administraciones Públicas actoras o demandadas en los procesos de la materia acuden con demasiada frecuencia al artículo 50 del Código Procesal Contencioso Administrativo para ofrecer y presentar pruebas construidas con posterioridad a la presentación o contestación de la demanda, bajo el presupuesto procesal de que es prueba “de la que no tenían conocimiento” o simplemente por tratarse de prueba posterior a esas dos etapas procesales.

El tema no tendría mayor conflicto jurídico si se tratara efectivamente de pruebas cuyo conocimiento era ajeno a la organización pública apersonada al proceso, sino que el asunto se complica cuando se ofrece y aporta esa prueba por el simple hecho de ser posterior, pero nacida en el mismo seno de la Administración concernida, pues en este último caso, se producen dos efectos perniciosos para la objetividad de la justicia y la subjetividad del derecho discutido.

Como primera providencia se señala que de acuerdo con la lógica procesal, las pruebas de un proceso contencioso administrativo en el que se debate sobre una conducta administrativa -sea este de conocimiento o de lesividad- el objeto del proceso siempre es una actuación u omisión administrativa pasada, esto es, de una ejecución u omisión administrativa que tuvo lugar en un espacio temporal ya vivido, y es en ese momento y lugar donde se enraízan las pruebas que se consideraron pertinentes para legitimar lo hecho por la Administración.

Sobre lo anteriormente expuesto desaparecen las dudas o interpretaciones discrepantes, porque el numeral 214 de la Ley General de la Administración Pública, impone a la Administración la construcción de un expediente administrativo en el que se incorporen todos los elementos requeridos y necesarios para asegurar la verdad real de los hechos que darán lugar al dictado del acto final, implica -sin necesidad de un esfuerzo mental- que de previo a cualquier conducta administrativa, la Administración y el administrador de turno deben asegurar que la decisión formal o material que salga de ese expediente se ajuste a lo verdaderamente comprobado “en ese momento histórico”, no después.

Es por lo anterior que, una vez interpuesto el proceso de conocimiento, el Tribunal ordena a la Administración contestar la demanda acompañando esa respuesta del expediente administrativo, el que a partir de ahí queda sellado materialmente para justificar con su contenido en ese “momento histórico” que la decisión cuestionada se ajustó a los elementos probatorios incorporados. Para el caso del proceso de lesividad, de la misma manera la Administración debe presentar su expediente con la interposición de la demanda, cerrando, igualmente, cualquier posibilidad de agregar información adicional, dado que el acto cuestionado -en cualquiera de los dos supuestos- es uno producido en el pasado con efectos iniciados en ese mismo momento, aunque perduren en el presente y hacia el futuro.

El punto central de lo señalado no es el tiempo en que perduren los efectos y consecuencias del acto o conducta cuestionada, sino el motivo tomado en consideración en un momento preciso, el contenido agregado para sustentar ese motivo y la finalidad perseguida, tres elementos esenciales que podrían cambiar con el transcurso del tiempo -razones sobrevenidas como las denomina la doctrina- pero que no resultan suficientes para modificar o trastocar la legitimidad de la decisión.

No obstante, las reglas de las pruebas en el Código de Rito son meridianamente claras y constitucionalmente no son susceptibles de reforma judicial, en la práctica los jueces instructores e incluso decisores han dado al traste con esa seguridad jurídica procesal y admiten pruebas “construidas ex profeso” por la Administración para sustentar su caso.

De esta manera, se llega a una audiencia preliminar señalada dos o tres meses después de la demanda y la contestación, en la que la Administración simple y llanamente busca que se le admita oficios, pericias, informes y otras probanzas, producidas con ocasión del proceso judicial e inexistentes al momento de decretar, ejecutar u ordenar la conducta objeto del debate, construyendo la prueba a la medida del proceso sin que la contraparte tenga esa misma posibilidad, creándose un desequilibrio desvergonzado en un Estado que se precia de ser Constitucional de Derecho.

La inseguridad jurídica es poca cosa a la par de esas puertas abiertas a la impunidad administrativa, porque el Código Procesal no es una especie de guía de procedimientos mínimos que tanto las partes como los jueces deben seguir, sino que se trata de reglas obligatorias, indiscutibles e invariables, que si bien están sujetas a interpretación como toda norma jurídica, deben dirigirse a un fin sustancial con la venda de la justicia bien puesta para no discriminar entre los justiciables, aunque uno de ellos sea una Administración Pública, que sobra decirlo, no está para satisfacer sus propias apetencias, sino de las de las personas.

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