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La independencia del juez contencioso administrativo

Sobre la independencia del juez y del Poder Judicial en general, se han escrito volúmenes enteros de obras jurídicas, sociológicas y políticas, todas ellas con una conclusión en común: la necesidad de mantener los asuntos judiciales exclusivamente dentro del radar del poder judicial, excluyendo la intromisión social y la política, ambas igualmente peligrosas.

La intromisión política en el Poder Judicial: Se diría que es inevitable desde tres ángulos: a) el sistema de nombramiento de los más elevados jueces (los de las salas), b) la potestad legislativa del Congreso para decretar las leyes y el manejo presupuestario por el Poder Ejecutivo.

El sistema de nombramiento de los más elevados jueces, es un tema técnicamente complicado porque cualquiera que sean las formas de selección siempre caben las posibilidades de intromisión de fuerzas ajenas o indeseadas tendientes a obtener provecho; de ahí que se considere que la elección por parte del Congreso resulta más democrática aunque en la práctica, hay poca o nula participación de grupos externos a la Asamblea Legislativa que se pronuncien sobre un candidato en particular, recayendo toda la responsabilidad en los grupos políticos representados en la Cámara legislativa, facilitando de esa manera, los arreglos políticos para satisfacer intereses políticos.

La potestad legislativa para decretar leyes es una segunda forma de intromisión de la política en la Justicia. En atención a la obligación constitucional de respetar y aplicar la constitución y las leyes (Art. 153 de la Carta Política) cabe la posibilidad de interferir en el ámbito judicial a través de leyes a la medida de determinadas situaciones. Dichosamente en Costa Rica aunque no estamos inmunizados, todavía no se conocen casos, que son frecuentes en otras latitudes, donde a través de leyes, el Congreso anula sentencias o las deja total o parcialmente sin efecto.

El manejo presupuestario es otro de los medios de interferencia política en la administración de justicia. A pesar de que constitucionalmente el Poder Judicial cuenta con una dotación porcentual del Presupuesto Nacional, el manejo numérico, cuantitativo está exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo, quien podría reducir o aumentar la cuantía en términos reales, de la indicada dotación según se cumplan algunas condiciones políticas.

El caso de la intromisión social es menos intensa pero igualmente peligrosa para la objetividad e imparcialidad de la justicia. Son muchos los casos donde a través de medios de comunicación se hace abierta presión sobre los togados hacia una u otra solución, en atención a los intereses económicos o políticos que como efecto lateral tendrían las decisiones tomadas. Esa intoxicación mental del juzgador es más fuerte en la actualidad con la utilización profesional de las redes sociales tendientes a contaminar su criterio, por lo que es un aspecto a considerar.

En el ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa la situación es particularmente seria al tratarse de aquella rama jurisdiccional que controla y fiscaliza la legalidad de la función administrativa; de ahí que una reforma al sistema de ese control puede constituirse en un desequilibrio en la configuración democrática del Estado. Ejemplo concreto que mejor se adapta a lo señalado, es la ley húngara aprobada en diciembre de 2018 con entrada en vigor en enero del 2020, por la que la jurisdicción contencioso administrativa estará bajo la dirección del Gobierno a través de alguno de sus ministerios, sin dejar de mencionar el caso de Venezuela donde se instauró un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 1999 bajo el mando de Hugo Chaves, cuyos miembros elegidos por una Asamblea Nacional Constituyente cercana al mandatario fueron removidos mediante la Ley de Reforma del TSJ de 2004, que lo recompuso con una provisión de jueces afines, donde los estudios dejan ver que la Sala Administrativa del indicado Colegio, mantuvo todos los actos de interés político.

La especialidad e independencia ha sido un elemento nuclear en la creación de las jurisdicciones que conocen de los litigios de la Administración Pública; en América Latina, con las excepciones de Argentina y Brasil, los países han optado por jurisdicciones especiales o tribunales específicos para conocer esta tipología de conflictos; no obstante, la especialidad por si misma resulta insuficiente si con ella se afecta la independencia del juez, como es el destino previsible para Hungría según señalamos en el parágrafo seis (7). Si el nombramiento de los jueces queda a discreción del gobierno, las probabilidades de una afrenta a la configuración democrática del Estado son casi todas.

Si bien nuestro sistema judicial no está inmune a los múltiples mecanismos de debilitamiento provenientes de la intromisión de malas prácticas o de la corrupción en sus distintas modalidades, a lo largo de su historia ha demostrado gran hidalguía en el ejercicio de esa independencia frente a los otros poderes del Estado, con las indecorosas excepciones que confirman la regla. El tema aquí es de otra naturaleza y es la relativa constancia con la que algunos funcionarios de la Administración Pública y del Poder Judicial cambian de traje.

Efectivamente, con la renovación -que no creación- de la jurisdicción contenciosa administrativa con la promulgación del Código Procesal Contencioso Administrativo con entrada en vigencia en enero de 2008, el cuerpo de jueces de la indicada jurisdicción se amplió e integró con profesionales provenientes -algunos- de las estructuras de la Administración Pública, de la que por varios años asumieron su defensa y además, fueron incluso, productores de muchos de las conductas sobre las que luego deberán pronunciarse como jueces; vínculo emocional entre el juez y el Estado que no desaparece con la simpleza de un cambio de sombrero.

Las idas y venidas de jueces de la Administración a la Judicatura y viceversa, crea desconfianza en su imparcialidad y objetividad, sobre todo porque ambas se guían por criterios y módulos intelectuales muy diferentes, casi opuestos. En la Administración prevalece el poder como fuente de toda acción u omisión; en la judicatura se eleva la objetividad del ordenamiento con garantía y protección de los derechos subjetivos; en la Administración rige la oportunidad, la conveniencia y hasta el sectarismo partidista, frente a ello, en la judicatura, la ecuanimidad, el raciocinio, la búsqueda honesta de la verdad y la cabal interpretación jurídica (no sujeta a sesgos ni contaminaciones ideológicas).

Lo apuntado en el acápite anterior, es una situación que si bien, por sí misma no es un elemento suficiente para defrenestrarlos, cuando menos genera desazón de enfrentarse doblemente al Estado, frente al letrado y frente al juez. Hace muchísimo años, el Profesor Ortiz Ortiz (1974) se refirió al tema de los jueces estatistas, indicando que el vínculo moral y afectivo con el Estado al que veían como patrono generaba esas tendencias, con gran debilitamiento de los derechos e intereses de los particulares, a los que desde su atalaya administrativo lo consideraron “el enemigo”, lo que aún se percibe en múltiples fallos, autos y providencias, donde la inclinación hacia la razón del Estado sobrepasa lo procesalmente posible.

En nuestro medio forense, la amenaza a la independencia judicial en el ámbito contencioso administrativo es menos visible y probable que provenga del ámbito político partidista, sino que la amenaza y la pérdida de esa independencia del juez de las cámaras inferiores tiene su origen en esos lazos sentimentales desarrollados entre ellos -algunos- y la Administración Pública, a la que consideran su primer e inolvidable amor jurídico. El problema es que tales recuerdos en ocasiones tuercen la razón.

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