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La interpretación constitucional ll Parte

En la primera entrega se hizo referencia a la interpretación constitucional en general, con las particularidades atinentes al proceso intelectivo consagrado a descubrir los elementos esenciales de las reglas de más alto valor jurídico dentro de un contexto político; posteriormente, en un segundo aporte doctrinal, la nota característica fue la referencia generacional para la adaptabilidad de la Carta Suprema al contexto histórico en que se aplica, con especial énfasis en la distinción de los parámetros de medición de los valores en cada tiempo; en esta tercera nos referiremos al agotamiento de las fórmulas interpretativas para situaciones concretas, ahondando un poco en el artículo 64 de la Constitución Política de Costa Rica, por tratarse de una discusión parlamentaria actual.En un proceso constituyente desarrollado en un plano de normalidad política, los legisladores estarían encaminados a establecer en la Constitución, los marcos referenciales de la sociedad al tiempo presente con visiones de futuro a partir de las experiencias vividas (en el pasado). Esos acontecimientos previos resultan el punto de partida en la construcción de las reglas de más alto y largo alcance de un Estado,porque sirven de insumo para eliminar o cuando menos aminorar los resultados negativos e incrementar los positivos en el texto y contexto de su interpretación precisamente como consecuencia de esas experiencias.Las vivencias que a modo de experiencia se suscitan en el ámbito interno así como en el internacional del que se forma parte integral, iluminan la ruta crítica de una Carta Política: las guerras o las insurrecciones internas para regular el ejército o para establecer los criterios para suspender los derechos y garantías fundamentales; los niveles y razones de la pobreza o de la calidad de la educación y hasta los eventos de la naturaleza, tienen su cuota de influencia en la ampliación o reducción de los poderes públicos frente a los intereses privados o bien, para las regulaciones urbanísticas, control de centros álgidos para el Estado como puertos, aeropuertos, para la imposiciones tributarias, etc. De ahí la importancia de que en la interpretación constitucional se compare el contexto político, económico y social vigente en el nacimiento de la norma y esos mismos elementos contextuales al momento de su interpretación, para identificar las diferencias y determinar si las razones originarias se validan, desaparecieron o se modificaron, en aras de adaptar y adecuar el Derecho a la realidad y no a la inversa.Hay normas constitucionales ya agotadas en el tiempo y el espacio porque cumplieron su finalidad y, hay otras que nunca llegaron a materializarse, porque simplemente fueron y son la expresión de buenas intenciones políticas pero inaplicables en la realidad ante la incapacidad del Estado de proveer lo requerido para su satisfacción. Es el caso de lo dispuesto en el artículo 63 de la Carta nacional en relación con el seguro de desocupación o lo relacionado con el sistema técnico permanente de protección a los desocupados señalado en el artículo 72 ibid.En el Congreso costarricense se discute un proyecto de ley para gravar a las cooperativas con el impuesto sobre la renta, y en su discusión se han escuchado algunas voces alegando la inconstitucionalidad de ese gravamen por la infracción (aparente) al artículo 64 constitucional, bajo la premisa general de que si el Estado está obligado al fomento de las cooperativas, un impuesto desalentará su creación contrariando el cometido del constituyente. El argumento no es convincente.El artículo 64 constitucional no se refiere a ningún tipo especial de cooperativas de las que las únicas que realmente pueden validarse al presente, son las de autogestión, en aplicación de la interpretación histórica, esto es, aquellas gestionadas por los propios asociados que asumen a su vez la condición de trabajadores, en tanto las que tienen asociados no trabajadores romperían el esquema original.Lo anterior se confirma con el término "trabajadores" utilizado por el numeral comentado, en tanto la finalidad es mejorar la calidad de los trabajadores, que este caso solamente podrían ser los que a su vez son asociados para distinguirlos de los trabajadores no asociados, o de los asociados no trabajadores (en la misma cooperativa). Es una realidad incuestionable de que en las cooperativas hay trabajadores no asociados y asociados no trabajadores. En esos casos, la finalidad original del artículo 64 constitucional, desapareció porque estarían excluidos tanto los trabajadores no asociados como los asociados no trabajadores, al carecer ambos del requisito básico que el constituyente valoró al introducir la norma.Con la existencia de asociados no trabajadores y trabajadores no asociados, desaparece la finalidad concertada en 1949 para integrar las cooperativas como objeto del fomento estatal, porque su creación, en buena lógica y razonabilidad interpretativa implicará aceptar que el "mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, se refiere exclusivamente a los que se asociaron y laboran en y para la cooperativa" para mejorar sus condiciones de vida; el asociado no trabajador ingresa a la organización a través de aportes (de cualquier naturaleza) obtenidos en otras actividades productivas, razón por la que la cooperativa no es la organización que le procurará mejorar su calidad de vida, sino la actividad a la que se dedica con su esfuerzo; en este caso, la cooperativa es una inversión secundaria desde el plano estrictamente constitucional.Como se dijo en las entregas anteriores y en los primeros párrafos de esta, los cambios sociales (economía, política, cultura, psicología social, científicos, tecnológicos) modulan la interpretación. Si la regla nació bajo el cielo de una economía estatizada y reducida al ámbito interno y su posterior interpretación se ejecuta bajo un marco cubierto por el firmamento de una economía de libre mercado y además globalizada, el resultado jamás podría ser el mismo.

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