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La responsabilidad administrativa en tiempos de crisis sanitaria.

El tema reviste interés en razón de la ligereza con la que los funcionarios públicos responsables de la crisis sanitaria están asumiendo sus obligaciones, que por mucho exigen mayores niveles de precisión, seguridad y certeza material sobre las acciones y omisiones en las que puedan incurrir, sean estas del orden formal o material.

A simple vista y dadas las formas de actuación de las distintas autoridades administrativa, con especial mención del Poder Ejecutivo y la Caja Costarricense del Seguro Social, se aprecia una ausencia de análisis y valoración sobre los niveles de responsabilidad en la que podrían incurrir (algunas ya en curso) por esas conductas activas y omisivas, formales y materiales.

En una crisis pública como la que estamos enfrentando, hay dos órbitas sobre las que giran las medidas de protección de la población; por un lado está la privada, en las que las responsabilidades recaen sobre las conductas individuales para procurarse los mejores hábitos de protección tendientes a eliminar las posibilidades de contagio personal y su extensión a terceros, o cuando menos, las de disminuir que esos dos eventos acaezcan cuando haya una imposibilidad material de evitarlo en su totalidad.

La segunda de esas sendas es la pública, a cargo del aparato público en toda su dimensión, se refiere a las disposiciones que cada uno de los órganos públicos y de las entidades púbicas implementen para evitar el contagio de los usuarios de los servicios por ellas prestados. Bajo este presupuesto se incluyen las precauciones directas, tales como facilitar las prestaciones en línea en aquellas actividades donde sea posible o las de ofrecer los implementos de protección que las autoridades sanitarias dispongan cuando son del orden presencial.

En el ámbito de las responsabilidades civiles y administrativas del Estado y personalmente de los funcionarios públicos a las que hacemos referencia, hay dos de particular interés para esta nota: a) las responsabilidades derivadas de los daños producidos por la implementación de medidas coercitivas y b) las responsabilidades imputables por una errónea valoración e interpretación científica de las medidas sanitarias propuestas sino es que son impuestas a la población.

Hay una tercera fuente de responsabilidad del Estado por omisión de medidas, sobre las que volveremos en otra entrega, como es la responsabilidad de la autoridad de los acueductos y alcantarillados (AyA) que por falta de previsión y de eficiencia administrativa ha impuesto racionamientos en algunos casos y, en otros, no hay estructura alguna para la distribución de agua potable, en momentos donde el mismo Estado señala el continuo lavado de manos como la principal medida para evitar el contagio propio y a terceros.

La responsabilidad derivada de medidas coercitivas se refiere al campo de aquellas decisiones del poder público por las que se delimitan derechos para impedir a las personas su derecho subjetivo a la vida contemplado en el artículo 21 de la Constitución Política, al inhibirlas de procurarse las condiciones mínimas para su supervivencia y la de su familia.

Mediante un Decreto Ejecutivo se impuso una restricción vehicular -con algunas salvedades dirigidas a levantar obstáculos a los cuerpos de sanidad y seguridad- dejando al descubierto la infracción a varios derechos fundamentales que están fuera del alcance del Poder Ejecutivo porque son del resorte exclusivo de la Asamblea Legislativa, tal es el caso de la libertad de tránsito, la libertad de trabajo y la libertad de comercio.

Conforme lo dispone el artículo 140, inciso 4) de la Carta Política, el Poder Ejecutivo podrá decretar la suspensión de las garantías y derechos constitucionales en los mismos casos y con las mismas limitaciones establecidas en el inciso 7) del artículo 121 ibid, pero deberá dar cuenta inmediata a la Asamblea, porque el decreto de la indicada suspensión, implica la convocatoria de la Cámara legislativa en las siguientes 48 horas, quien deberá confirmar la medida con al menos dos tercios de la totalidad de sus miembros.

Esa es la única posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo de suspender tales derechos y garantías fundamentales mediante decreto -que pasaría a ser ley especial y temporal- lo que implicaría bajo un razonamiento jurídico, lógico y sistemático, una imposibilidad de imponer multas por violación a la restricción vehicular si esta limitación no está prevista en la Ley de Tránsito, porque esa restricción constituye una infracción al artículo 22 del Código Político que garantiza la libertad de tránsito,.

En la eventualidad de que esta limitación a la libertad de tránsito produzca daños a una persona o grupo de personas cuya actividad productiva demanda la necesidad de trasladarse en buen Derecho y en un verdadero Estado de Derecho, producirá responsabilidad civil del Estado, amparada al principio de igualdad ante las cargas públicas, por el sacrificio especial impuesto a la víctima del daño en beneficio de la colectividad.

Responsabilidad por errónea valoración, interpretación y exposición científica de las medidas sanitarias propuestas e incluso impuestas a la población: como lo señalé en el punto 2) de esta nota, se registra una ligereza en el tratamiento de la responsabilidad que cabe tanto a la Administración como a los funcionarios en particular.

Las apariciones en medios de funcionarios públicos para señalar medidas sanitarias que debe seguir la población, con el fin de evitar o prevenir el contagio o bien para sanar la enfermedad están impregnadas de la seriedad derivada de su origen y ese es el elemento básico para producir la responsabilidad que se menciona.

Si algún funcionario público autorizado por el Estado para señalar, comunicar o imponer medidas sanitarias a la población (Presidente de la República, Ministro de Salud, Presidente Ejecutivo de la CCSS) incurre en omisiones o en errores de comunicación sobre esas órdenes sanitarias y llegare a producir daños en la salud de las personas, se enciende el semáforo de la responsabilidad, principalmente, pero no de manera exclusiva, como derivación del principio de confianza legítima, por el que las personas asumen que esos funcionarios tienen el conocimiento y la autoridad para señalar la ruta a por seguir.

Con ocasión de esta crisis sanitaria se ha dado un ejercicio abusivo de los poderes públicos, se ha tergiversado el discurso, pasó de la información científica sobre la enfermedad a la información política sobre el actuar del poder ejecutivo que, por el momento resulta irrelevante en razón de la situación pandémica; cambio de discurso que podría derivar en una confusión social sobre los procedimientos sanitarios ante la ligereza administrativa.

Es importante que las autoridades públicas comprendan que existe un ordenamiento jurídico al que están sometidos, con independencia de su jerarquía así como que están obligados a responder por ejercicio indebido, abusivo o excesivo de su poder y que la situación de emergencia nacional no los exime de observarlo.

Dr. César Hines C

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