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Las audiencias orales en la jurisdicción constitucional

La transparencia, la publicidad y la oralidad, son tres principios transversales en la administración de justicia; aunque vale subrayar que de los principios de publicidad y oralidad se extrae y conjuga en toda su dimensión el de transparencia. La oralidad de viejo cuño en los procesos penales, se ha erigido en el vademécum del Derecho procesal en las demás ramas del ordenamiento jurídico.


Con una visión futurista, nuestro legislador de hace 30 años incorporó la oralidad en la jurisdicción constitucional, sin que se tenga claridad que tal inclusión tuviera la intención de transparentar los procesos constitucionales; lo que en todo caso, era innecesario al estar incorporado el mencionado principio de transparencia en el artículo 11 de la Carta Política al imponerse los procedimientos de evaluación y de rendición de cuentas, el que a pesar de referirse a la Administración Pública el constituyente se cuidó bien de señalar que el término Administración la consideraba en sentido amplio, pudiendo extenderse a la administración de justicia sin ningún vicio de interpretación o de aplicación.


Sobre los principios de publicidad, transparencia y oralidad en la jurisdicción constitucional, el artículo 10 de su ley, dispone: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Sala dispondrá que los trámites se realicen, en lo posible, en forma oral, y ordenará una comparecencia oral para que los interesados formulen conclusiones antes de la sentencia, necesariamente en las acciones de inconstitucionalidad y facultativamente en los demás casos (Resaltado es suplido)


Ese principio de oralidad obligatorio en los procesos donde se discuta la inconstitucionalidad de una norma infraconstitucional, ha sido de escasísima utilidad a lo largo de los casi treinta años de establecida esa jurisdicción especializada, sin que a la fecha exista una razón jurídica de esa expresa y evidente infracción a la regla legislativa, cuya aplicación es de carácter obligatorio (incluso para los jueces constitucionales).


Tan obligatoria resulta su aplicación que el numeral 85 de la misma Ley de la Jurisdicción citada, insiste en su aplicación al señalar que: Una vez vencido el plazo, se convocará a la audiencia oral prevista por el artículo 10 a fin de que el actor, las otras partes apersonadas y la Procuraduría General de la República presenten sus conclusiones”.


Con independencia de las razones que llevaron y mantiene a la Sala Constitucional en ese estado de infracción directa a una regla legislativa, el tema central de este artículo es subrayar la necesidad de modificar esa conducta para mejorar la justicia constitucional, tan venida a menos por múltiples factores, incluso de carácter metajurídicos, pero básicamente por abdicar de una competencia de ejercicio obligatorio de proteger y garantizar los derechos fundamentales establecidos en el artículo 48 del Código Superior del Estado y sus correlativos de carácter convencional.


Desde mi perspectiva, además de la publicidad, transparencia y publicidad que el proceso oral depararía a las partes, sumado a la credibilidad que se transpiraría frente al elevado tribunal (principios todos de profunda raigambre democrática) la rapidez y flexibilidad para el cumplimiento de sus fines estaría asegurada, por varias razones, a saber: a) permite una justicia directa, sin máscaras, de frente y directa al justiciable; b) elimina la rigidez del documento; c) disminuye en gran medida las erróneas interpretaciones de jueces y contrapartes, frecuentes en la lectura documental; d) procesos más cortos y costos reducidos; e) sentencias dictadas por los jueces y no por los letrados; f) el justiciable percibe el rostro de la justicia (terrenal) y no el anonimato del documento; g) principio de inmediación de la prueba, y; h) los jueces pueden cuestionar y solicitar aclaraciones, lo que permite evidenciar el acierto o el error en las resoluciones para la transparenta de la justicia,


En una exposición oral de las partes ante los jueces, se reducen las interpretaciones de lo que se quiso decir o de lo que comprendió el tribunal, pues si hubiese conceptos oscuros, si la ambivalencia de las frases o la anfibología de las palabras impiden la claridad requerida, el juez constitucional solicitaría de inmediato y a viva voz, que se aclaren esos conceptos, que se definan las frases o se delimite el ámbito de aplicación del término.


Con las audiencias orales, se podría erradicar una extendida práctica forense donde las acciones de inconstitucionalidad devienen en tratados de Derecho Constitucional tanto del accionante como de la resolución que se llega a dictar. En un proceso de esta naturaleza, la sencillez y claridad debe ser la pauta; además de las formalidades mínimas para identificar al sujeto, al objeto y la causa, los fundamentos deben ser precisos en cuanto al valor, el principio o la regla constitucional infraccionada con la norma cuestionada que le permita al Tribunal valorar prima facie, la viabilidad procesal y sustancial del proceso.

10. En la audiencia oral, la parte promovente realizaría una exposición “adicional” (no lectura del documento que sirvió de base a la acción) sobre las razones por las que las reglas impugnadas atentan o son conformes con la Norma prima, con las correspondientes réplicas, preguntas y repreguntas del Tribunal a cualquiera de los participantes para enriquecer el acervo probatorio sobre el que girará la decisión.


En pleno Siglo XXl es injustificable ese oscurantismo jurisdiccional de evitar darle rostro a las decisiones a través de la oralidad; como tampoco es comprensible el miedo persistente al debate abierto y respetuoso (con las excepcciones de rigor) al punto que en aquellos casos donde efectivamente se cumple con la regla y se confieren las audiencias orales, se limita tanto la palabra, el tiempo y las réplicas que la oralidad resulta un chiste de mal gusto.


Ese temor de los jueces a la oralidad podría ser comprensible (pero no justificable) cuanto les escaparía la posibilidad de justificar una sentencia desaguisada frente a una exposición oral puntual, clara, precisa y concisa sin espacio para equívocos en cuanto al sentido de las palabras, de las frases y de los argumentos frente a las que el Tribunal tuvo la posibilidad de solicitar aclaraciones y precisiones. Es ahí donde se determinaría la verdadera enjundia de la que están hechos los jueces.


Si en países con altos niveles de litigiosidad constitucional como Francia, el Consejo Constitucional realiza una innumerable cantidad de vistas orales para escuchar, aclarar, repreguntar y requerir información de las partes en las llamadas Questions prioritaires de Constitutionnalité, ante requerimientos de la Corte de Casación, el Consejo de Estado, el Parlamento, el Senado o el Consejo de MInistros, celebrando en ocasiones hasta tres audiencias en un día, no resulta razonable que en un Estado diminuto como el nuestro, el debate oral en sede constitucional haya sido abrogado.


El crecimiento académico y una profunda formación profesional experimentada en los últimos 25 años, junto con una conexión a las mejores tecnologías resultan un refuerzo suficiente para tomar decisiones serias tendientes a restaurar la verdadera justicia terrenal, frente a jueces de carne y hueso, no de papel y desconocidos para el justiciable. Lo mismo aplica para todos los demás órdenes jurisdiccionales, que aunque menos cerrados que la Sala Constitucional, igualmente son reticentes al debate oral.


Dr. César Hines C.

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