Las decisiones judiciales definen el destino del Estado

1.- Los análisis sobre la realidad o el estado existencial de las sociedades,

ordinariamente realizados por científicos sociales, tienden a enfocarse en

una multiplicidad de temas latentes en todo momento y lugar, para concluir

con respuestas políticas al indicar que la pobreza, la delincuencia, la

drogadicción y demás patologías sociales, obedecen a razones

“multifactoriales” (término que ha sido recientemente incluido como uno de

los nuevos miembros ornamentales de la familia lingüística) y con ello se

cumple el ritual de los estudios (consultorías) que justifican el desembolso de

millones de colones que los costarricenses no tenemos.

2.- De los estudios que he leído, algunos analizados con mayor empeño que

otros, ninguno ofrece algo distinto, profundo o más riguroso de lo que podría

ser la recopilación de información efectuada por un par de noveles

estudiantes universitarios recabando datos en cualquier barrio, dejando al

descubierto que la calidad del trabajo no está en proporción con los

nombres ni con los títulos, ni con las posiciones ocupadas por los que

finalmente presentan las conclusiones.

3.- Muchas de las conclusiones pronunciadas por esos estudios económicos,

académicos, sociológicos y antropológicos -para no especular acusando a

la mayoría- eran pasibles de lograrse a partir de los libros clásicos en cada

disciplina, en los que podía concluirse que la desintegración familiar no

explica per se la pobreza, la delincuencia o la drogadicción, porque la

historia costarricense está llena de casos de grupos económicamente

“ricos” cuyas familias no estaban desintegradas, sino destruidas por las

mismas patologías que afectan a los pobres; igualmente eran posibles

conclusiones sobre la distribución de la pobreza -porque la riqueza nunca se

distribuye- a partir de los archivos legislativos en los que se verifica que

algunas riquezas no fueron construidas con base en trabajo duro, o

creatividad empresarial, sino por legislación sectorial propicia para ese

propósito.

4.- A pesar de que tengo suficientes razones formales y materiales para

demeritar esos estudios (consultorías) a los que he hecho referencia, las

razones que ahora invoco para apartarme de conclusiones tan superficiales,

están basadas en mi condición de jurista, por la que tiendo a buscar en el

Derecho como ciencia y en el ordenamiento jurídico como resultado, las

respuestas a casi todos los problemas que afectan una colectividad, porque

hasta las materias en las que el hombre no tiene interferencia terminan

siendo administradas por la regla jurídica.

5.- Desde mi formación, es el estudio sistematizado de la jurisprudencia en

donde logramos respuestas a las conductas sociales que más afectan o

benefician tanto a la sociedad como a los sujetos; claro está que

dependiendo de la forma en que se resuelvan los conflictos de intereses, se

comprenden las razones por las que los poderes públicos -distintos al judicial

claro está- se comportan de una manera u otra, o bien, hay más

reincidencia delictual, más displicencia en el manejo de los recursos

públicos, más omisiones administrativas y por supuestos una mayor carga

económica sobre la población que al final debe cubrir los vacíos financieros

provocados por esas conductas displicentes o dolosas.

5.- Debemos empezar señalando que las sociedades no resuelven sus

problemas, sino que a lo sumo los minimizan, porque la naturaleza humana

es el primer obstáculo para la solución definitiva -de lo que sea- de hecho

todavía están pendientes los estudios definitivos para determinar si una

persona nace o se hace asesina, drogadicta o alcohólica; también se

carece de razones científicas para justificar por qué una persona adinerada,

en un momento decide abandonar todo y trasladarse a un pueblo lejano a

vivir en la más completa pobreza; pero esas son excepciones que confirman

las reglas.

6.- Estudios antropológicos han demostrado que varios comportamientos

humanos son susceptibles de ser modificados, lo que nos permite concluir

que su conocimiento faculta la propuesta de políticas públicas, que como

dije, no resolverán de manera definitiva el problema pero lo reducen, por

ejemplo, el egoísmo o el altruismo, el valor y el temor, la diligencia o la

displicencia son caracteres inducidos, no son innatos, lo que lleva a una

segunda conclusión: que según sea la respuesta a cualquiera de esas

conductas, su incidencia aumentará o disminuirá en la misma medida.

7.- Aquí es donde sustento mi tesis señalada en el título de que las decisiones

judiciales marcan el destino de un país. Efectivamente, con independencia

de las tesis darwinianas o teológicas que cada lector atienda, lo cierto del

caso es que las pruebas científicas nos acercan cada vez más a los

animales. Todos recuerdan el estudio de Iván Pavlov, en el que a través de

un estímulo concreto, se lograba una respuesta continua, lo que

igualmente aplica para los humanos.

8.- De acuerdo con la teoría señalada en el párrafo anterior, -y muy a modo

de ejemplo para demostrar la posibilidad de inducir conductas, -está el caso

de la distribución del trabajo a lo largo del tiempo, que llevó al

establecimiento de horas específicas a los trabajadores para ingerir

alimentos. Sin que se tratara de un experimento científico, hoy es unánime

la conclusión de que cuando se acerca la hora autorizada para ingerir

alimentos, la persona empieza a sentir hambre; y el acondicionamiento es

de tal magnitud que si un trabajador se queda laborando en esa hora

porque quiere adelantar trabajo, es objeto de repudio por sus compañeros

que valoran la conducta como una violación al rito.

9.- Pues bien, precisamente ese conocimiento científico, es la base esencial

de mi argumento, sustentado en el hecho ya probado de que las conductas

desaparecen o se repiten en el tiempo y en el espacio en función de la

respuesta o estímulo que cada una recibe, por lo que entramos al espacio

directo de las resoluciones judiciales como marcadores de la ruta estatal.

10.- Dijimos que demeritamos los estudios (consultorías) sobre la pobreza,

delincuencia, drogadicción o gobernabilidad, porque están limitados a los

aspectos instrumentales, así, en el tema que nos concierne, los formalistas se

preocupan por los plazos de resolución de los conflictos judiciales, pero

omiten toda valoración sobre la excelencia material de las sentencias, que

de las características de las sociedades

desarrolladas (confieso que desconozco la definición que sociológicamente

se le atribuye al término) es el respeto espontáneo a su ordenamiento

jurídico. Eso que aparenta ser una teoría ostenta una solidez mayor a la

comprendida. He comprobado el temor de ciertos ciudadanos extranjeros,

a incurrir en cualquier falta en su país (no pagar la multa de tránsito,

incumplir un contrato) por lo que esa conducta reiterada de los tribunales

de sancionar todo incumplimiento o transgresión legal, genera confianza

para hacer negocios y crear riqueza.

12.- Se dice con frecuencia que Costa Rica es un país con un alto índice de

conflictividad judicial; sin embargo, las razones derivan de las mismas

decisiones jurisdiccionales. ¿Cuántas veces la sociedad costarricense se ha

enterado de que una persona detenida por un delito luego fue liberada,

detenida una segunda y hasta una tercera ocasión por delitos iguales o más

graves que los anteriores? El mensaje que la población lee como emitido

por el Poder Judicial, es: ”usted robe, mate, trafique, no se preocupe nosotros

lo liberamos”. En el ámbito de control y fiscalización del poder público la

situación resulta igual o peor de grave. Las acusaciones contra funcionarios

de alto rango no superan las primeras líneas de defensa, dejando en el

colectivo de los ciudadanos un sentimiento de impunidad irreparable, que

conduce a una mayor delictuosidad.

13.- En el ámbito del Derecho público, particularmente en el proceso

contencioso administrativo, se registra una multiplicidad de conflictos

repetitivos en su contenido esencial ante la ausencia de una sanción a

quienes -con ejercicio abusivo de su poder- incurren en violaciones a los

derechos subjetivos de los subalternos o de los ciudadanos bajo criterios

políticos partidistas con repercusión en el Erario, como si los recursos públicos

estuvieran a disposición de las subjetividades del jerarca.

14.- Son escasas las sentencias judiciales en las que -además de sancionar

administrativamente a un funcionario público que incurrió en abusos en el

ejercicio del cargo- se le obliga a reintegrar al presupuesto institucional, el

dinero que la Administración debió abonar al litigante ganancioso;

impunidad civil y administrativa que conduce a una reiteración de esas

conductas dañosas con multiplicación de procesos ante la jurisdicción que

la entraban en su pretensión de una justicia pronta y cumplida.Dr. César Hines Céspedes

Abogado

BUFETE ECONOJURIS

350 metros al sur de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Teléfono 2283-0233/ Correo electrónico: cesarhines@econojurisabogados.com

15.- Lejos está este artículo de considerar que todo denunciado o

demandado es responsable por el simple hecho de encontrarse en tal

situación; por el contrario, la claridad intencional es que toda denuncia o

demanda sostenible debe ser tramitada y resuelta con una decisión de

calidad, para asegurar que la ley aplica igual para todos. Se trata de

establecer una línea de comportamiento jurisdiccional, no de condenar a

todos los que resulten acusados o demandados, por el contrario, la idea es

que la sociedad comprenda que toda acción tendrá una reacción y de ahí

la consecuencia.

16.- Reitero, la dirección del Estado está en manos del Poder Judicial. Las

leyes dictadas por el legislativo son simplemente una promesa, en los jueces

está su cumplimiento. Cuando se interiorice que las conductas humanas no

son actos individuales, sino repeticiones de comportamientos previos

estimulados por otra acción, que como la campana a los perros de Pavlov,

los “hace salivar”, comprenderán que las resoluciones judiciales no se limitan

al caso concreto, sino que además determinan el destino del Estado.

Dr. César Hines C.