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Una saludable reforma a las reglas de la Contratación Administrativa

El camino hacia las soluciones de los múltiples problemas sociales, está plagado de obstáculos que demandan creatividad y decisión para sortearlos, de manera que sea posible evitar la trampa del facilismo porque siempre termina encareciendo el precio de la respuesta.


Precisamente por la inclinación al facilismo, la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos de los países hispanoamericanos se limitan a engrosar su larga lista de leyes y reglamentos a través de copias, casi siempre malas, de los ordenamientos jurídicos europeos (mayormente del español) como una derivación de la mayor cantidad de posgraduados provenientes de aquellas latitudes, sin obviar la mayor madurez histórica que los adorna.


En virtud del largo recorrido que han tenido aquellas sociedades para conformar su orden jurídico, es incuestionable que las reglas de Derecho se ajustan y se han ajustado a los componentes sociológicos propios de cada Estado, así la cultura española, italiana, alemana y francesa han sido parte esencial en el contenido de las leyes que se decretan en cada uno de esos países.


Con casi doscientos años de existencia como Estado, Costa Rica ha alcanzado suficiente madurez política para conocerse; un examen introspectivo de nuestra sociedad permite conocer sus debilidades, sus desafíos y sus anhelos y hacia ellos es que deben dirigirse las políticas públicas de toda naturaleza, entre ellas las relacionadas con la contratación administrativa[1].


Las leyes deben seguir el curso tomado por cada sociedad, subrayándose que no nos referimos a ninguna moda, sino a los efectos y consecuencias de las decisiones pasadas con repercusiones futuras. Un ejemplo de lo señalado -de fácil acceso al entendimiento- son las consecuencias de las reglas jurídicas decretadas en el pasado relacionadas con la seguridad social que en el presente -y en el futuro cercano-, pasarán la factura negativa a los que busquen su jubilación.


Concretamente en el tema objeto de las presentes disquisiciones, se cuenta con suficiente evidencia empírica de que hay grupos poblacionales con una vulnerabilidad mayor que otros: los jóvenes, los adultos con edades superiores a los 50 años, las mujeres, las personas con movilidad reducida, los carentes de estudios y una larga lista, innecesaria de reproducir para nuestros efectos.


Esta situación puede revertirse a través de una reforma seductora al Reglamento de la Contratación Administrativa (RCA); se dice seductora porque buscaría seducir y no imponer condiciones al contratista, siendo por el contrario, obligatoria para la Administración.


Nos referimos a los artículos 52, 55 y 55bis del Reglamento citado. El primero, en relación con el contenido del Cartel y el segundo referido al sistema de evaluación. Efectivamente, con la sugerencia que aquí hacemos, se pretende que en todos los carteles licitatorios, con independencia de los distintos procedimientos de contratación, la Administración introduzca una cláusula “inclusiva” consistente en mencionar en el sistema valoración (actual inciso h) del RCA) que se otorgará una mayor calificación a las empresas que incluyan en sus planillas a personas pertenecientes a alguno de los grupos señalados en el acápite 6) de nuestra propuesta.


En relación con el artículo 55 del citado Reglamento de la Contratación, la pretensión de la reforma es que el párrafo tercero, no limite esa segunda fase de calificación de las ofertas a la parte económica, sino también que incluye el aspecto social, incluyendo como factor de evaluación la mayor inclusión que cada oferente realice de personas pertenecientes a los grupos en estado de vulnerabilidad, sin que ello desmejore la oferta en los aspectos legales, técnicos o financieros.


Es importante señalar que entre las personas agrupadas según nuestro señalamiento en la sección sexta, se excluye al sector profesional académico; porque el propósito está dirigido a los que carecen precisamente de un título universitario que los acuerpe y les facilite la obtención de empleo. Piénsese en el caso de una persona que no terminó sus estudios por distintos factores, pero con suficientes habilidades para manipular determinadas máquinas o realizar operaciones manuales o tecnológicas de escasa complejidad; asistir a la empresa con las compras, transporte mensajería, correspondencia, archivos, atención al público y otras de similar naturaleza, pero relacionadas puntualmente con la ejecución del contrato.


En relación con la reforma que se sugiere al artículo 55bis del RCA, se puntualiza en dos aspectos que reseño a) en razón de que se reformaría el inciso h) del artículo 52 ibid, en todos los casos, el cartel debería incorporar ese componente como criterio de valoración, esto es, la empresa que no incluya personas de los grupos vulnerables perderá los puntos asignados a ese extremo sin que por ello resulte descalificada y; b) se agregaría como un criterio nuclaer para los desempates señalados en el numeral de cita.


Al presente diseño de la reforma sugerida le faltan acabados para una mejor configuración legislativa, pero estamos seguros de que su implementación cambiará positivamente el curso de la sociedad. Desprendámonos de los temores y la reticencia al cambio, porque sin estos no hay avances y el estancamiento es la peor enfermedad de una sociedad.

Para asentar la idea abstracta: una sociedad que respeta las reglas de comportamiento, requiere menos restricción de sus libertades; una sociedad permeada por la corrupción en todos los niveles políticos y socioeconómicos, requerirá de reglas más severas y más aparatos represivos, de ahí que la legislación debe contemplar esas características para la efectividad de la regla jurídica.

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