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Urbanismo en Costa Rica. Defectos jurídicos con efectos antropológicos

1. La reglamentación urbana ha sido un problema trascendental en todas las sociedades desde tiempos inmemoriales, ampliamente acreditado en la historia romana con su “civis” o en la cultura griega con su “polis”, de las que todavía quedan muchos vestigios resguardados como verdaderos tesoros de la humanidad.

2. Las formas y contenidos de las ciudades a lo largo y ancho del mundo, particularmente en los países con mayor trayectoria registrada de vida, como los europeos, norafricanos y algunos asiáticos, dejan traslucir una visión política en la distribución de los espacios; pero, además -y he aquí lo más importante- una concepción sociológica de lo que esos espacios representaban.

3. Las versiones divisorias de las ciudades demostraban la separación de grupos por razones económicas, étnicas o de castas, establecidas -lógicamente- por los grupos de poder, con independencia de las tres razones señaladas; en cualquiera de los casos, la distribución geográfica representaba un componente esencial de lo que la sociedad ofrecía.

4. Evidentemente, el paradigma distributivo de las ciudades estaba muy lejos de ser un tema dejado al azar, por el contrario, tenía propósitos bien definidos desde una perspectiva política, como lo fue la de naturalizar en el esquema cultural general las diferencias existentes entre los distintos grupos que conformaban la totalidad de la población; en otros términos, era -y es- la forma de señalar que somos de los mismos pero diferentes.

5. Cualesquiera que fuesen las razones por las que las ciudades se estructuraron y dividieron según las formas como se les conoce, lo cierto es que reflejan en primer término, las diferencias socioeconómicas de sus pobladores,y como una consecuencia ineludible de esta primera distinción, está el componente cultural de cada grupo demográfico en que se encuentren divididas esas colectividades.

6. Si se toma como punto de partida, la propuesta de que “cultura es todo lo que hacen las personas” los comportamientos sociales y de consumo -a modo de ejemplo- de los distintos grupos que conforman el colectivo social, van creando una “cultura” propia que los distingue, llegando inclusive a constituirse en la justificación de la posición de cada uno en la pirámide social.

7. En la obra literaria “La ciudad en la novela centroamericana contemporánea” el profesor Rónald Rivera Rivera, realiza un excelente análisis de varios autores centroamericanos sobre el rol que cada uno otorga a las ciudades en el funcionamiento de las relaciones interpersonales; esto es, las ciudades se transforman en personajes esenciales de la vida comunitaria en el ámbito centroamericano y, coincidentemente, en todos los casos se evidencian las similitudes de comportamiento humano entre los estratos semejantes de los otros sujetos de la narración, todo como una derivación de las formas arquitectónica abiertas o cerradas y el acceso a los distintos espacios que las conforman.

8. Son pocos los literatos o juristas que se han referido puntualmente al tema de la legislación urbanística como responsable de las “dos ciudades” a las que hace referencia el profesor Rivera Rivera en la obra ya citada -aunque pueden ser tres o cuatro según sean las divisiones de casta política, económica o académica de una determinada sociedad- sin embargo, es un tema de gran trascendencia sociológica al participar del campo político, jurídico y económico (y una vez más, académico).

9. La debilidad de la legislación urbanística en Costa Rica ha impedido establecer patrones arquitectónicos representativos de una cultura, de una generación o de una condición climatológica en particular, puesto que el legislador se ha inclinado hacia otros requisitos más tendientes al orden formal. De esta manera, en un mismo espacio y con la mismas condiciones socioeconómicas, climáticas y hasta ambientales, se levantan edificaciones para vivienda o comerciales con diseños arquitectónicos tan abigarrados que resulta imposible toda identificación cultural.

10. La falta de formación de la población costarricense a inicios del Siglo XX aunada a una marcada pobreza, derivó en la construcción de poblados esparcidos a la mejor conveniencia de cada grupo humano, según fuera la actividad productiva o de sobrevivencia; ese desorden de origen fue la génesis de ciudades desordenadas, mal ubicadas y peor diseñadas a lo largo y ancho del territorio nacional.

11. La ordenación territorial y el urbanismo adolecieron de una indiferencia estatal por largo tiempo, desde la perspectiva técnica, por supuesto, y no fue sino hasta muy entrada la vida republicana que el tema resultó de interés político demostrado, esto mediante la Ley de Construcciones número 833 del 2 de noviembre de 1949, la Ley de Creación del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo número 1788 del 24 de agosto de 1954 y, posteriormente, la Ley de Planificación Urbana número 4240 del 15 de noviembre de 1968, cuyas regulaciones tienden a organizar y ordenar el uso de la tierra.

12. No obstante, esa primera legislación, careció de la riqueza exponencial en un tema de tan alta estima para una sociedad democrática y más bien impulsó el desorden urbanístico cuando tenía las condiciones históricas para planificar ciudades ordenadas, humanamente saludables y con una vigoroza proyección hacia la producción de riqueza.

13. Fue una legislación formal en la que las personas se consideraron el último componente, pues se evidencia el abandono de los factores psicosociales que, a la sazón, son los que tienen la mayor incidencia en el bienestar humano. Esa omisión ha permitido la construcción de desarrollos urbanísticos sin considerar a las personas desde su dimensión espiritual con efectos y consecuencias en el plano económico, social y jurídico más grave del que la sociedad tiene capacidad de soportar.

14. En una obra policial autobiográfica ambientada en el París de mitad del Siglo XVlll, el autor -considerado por algunos como pionero en la ciencia criminalística al ser de los primeros en utilizar el método científico para la investigación judicial - señalaba que en los barrios parisinos donde se convivía en espacios pequeños y apiñados, eran más frecuentes los brotes de violencia y constituían escuelas del crimen en detrimento de la totalidad de la sociedad.

15. Ahora, casi 200 años después, nuestra sociedad vive una situación parecida, por la desidia de los poderes públicos, especialmente la autoridad municipal. El profesor Ortiz Ortiz calificó al régimen municipal como decadente luego del año 1825, cuando Costa Rica estaba regida por la Constitución de Cádiz, que aplicó a las Colonias la misma estructura local del Reino de España; sin embargo, es válido reconocer el repunte de esas corporaciones a través de una profesionalización de los cuadros funcionariales; sin embargo y, a pesar de su renovación competencial con la Carta Política de 1949 junto con los diferentes códigos municipales que se han implementado, persiste la omisión de integrar en los procesos urbanísticos los estudios antropológicos para introducir el factor humano como eje de toda actividad urbanística para la calidad de vida de sus munícipes.

16. Las municipalidades fueron, al decir de Ortiz Ortiz, una simple caja de resonancia del ejecutivo, que les cercenó su independencia con la creación de las gobernaciones de provincia, por lo que fue con la creación del INVU en 1954 donde el tema del urbanismo subió al podio de los intereses políticos, pero limitado a satisfacer a las clases menos favorecidas de una solución de vivienda, sin programas técnicamente urbanísticos para el reacomodo del uso del suelo con una esbelta distribución del territorio, que facilitara la vida productiva, con desarrollo social y cultural.

17. A través del INVU se inició, a finales de la década de los años 1950 y hasta mediados de la de los años 1980, un sostenido proceso de construcción de viviendas de interés social, cuya arquitectura y estructura material no facilitaban las buenas relaciones humanas -por la falta de privacidad como lo señalaba el autor francés- ni tampoco favorecían la autoestima de los beneficiarios, que emocionalmente sobrevivieron gracias a la casi inexistente presión social favorecida por una nivelación de los dos sectores en que se dividía la sociedad costarricense: los que tenían y los que no tenían.

18. Con el devenir de los tiempos, el incremento poblacional, la incorporación del país al contexto internacional; la apertura de mercados; una población más educada por la mayor oferta académica; los estudios de especialización en el extranjero de un buen número de personas; mayor acceso al entretenimiento (cine y televisión), las demandas sociales cambiaron, sin que simultáneamente se dieran las reformas legislativas para adaptar el modelo urbanista originado 50 años atrás.

19. Honesto es reconocer los avances producidos en cuanto a los planes reguladores establecidos en la Ley de Planificación Urbana de 1968, que a pesar de su larga data, no fueron implementados sino hasta finales de Siglo XX, donde incluso a la fecha, todavía hay municipios que carecen de ellos. Sin embargo, estos programas de desarrollo local incurren en las mismas omisiones señaladas en los párrafos precedentes, pues son omisos en incorporar los aspectos antropológicos esenciales en el desarrollo urbano.

20. Los planes reguladores adoptados por los distintos municipios, están construidos desde una perspectiva estrictamente formal; están diseñados para una división del territorio cantonal en sectores: industrial, comercial, vivienda, agricultura, etc, pero sin considerar los componentes materiales de trascendencia emocional que son los que amalgaman a los pobladores para sentirse parte de su ciudad.

21. En la construcción de las ciudades o en el reordenamiento territorial allí donde es posible, es necesario incorporar los estudios antropológicos para determinar el destino y la forma en la distribución de los espacios, por la trascendencia histórica que esos componentes tienen en las personas. Esta es una conclusión validada a través de los siglos, como se acredita en la obra jurídica “Derecho Urbanístico Costarricense”, donde se expresa: “(…) De acuerdo con los hallazgos arqueológicos, en la cultura Egipcia la estructura social se reflejaba en la vivienda, por ello a mayor tamaño de la casa, mayor la jerarquía del ocupante…”.

22. La obra jurídica señalada en el párrafo anterior, sin mencionarlo de manera directa clarifica que la programación urbanística está indisolublemente ligada al componente cultural; sin embargo, las omisiones en ese campo de estudio han sido la regla en las regulaciones costarricenses, que desconocen las reglas elementales de la convivencia social requeridas para un desarrollo armonioso por encima de los componentes económicos.

23. Si desde tiempos inmemoriales, las dimensiones de la propiedad se consideraba un componente esencial en la escala social, es razonablemente comprensible que se tomara ese elemento histórico para legislar en la regulación de los desarrollados urbanísticos -por ejemplo- con impedimento de construir vivienda con medidas por debajo de la media que le permita a las personas sentirse parte de una colectividad.

24. La lasitud o rigurosidad de una legislación no está en la facilidad o dificultad para cumplir los requisitos legales y ambientales para construir, sino en exigir a los desarrolladores agregar a sus proyectos, condiciones de comodidad, privacidad, sentido de la independencia, de autoestima que asegure calidad de vida, con efecto reproductor en el resto de la población, cuya satisfacción la hará menos propensa a la criminalidad y a la violencia.

25. La distorsión urbanística permitida por la carencia de rigurosidad en el análisis integral del fenómeno antropológico ha llevado a la construcción de ciudades-fortalezas, rodeadas de muros, de seguridad privada, pero sin identificación con el entorno y, por otro lado, al levantamiento inescrupuloso de villas miseria, carentes incluso de los servicios básicos de recolección de basura, aceras, cordón y caño.

26. Los contrastes de las dos ciudades -la de arriba y la abajo como las define Rivera Rivera- evidencia el olvido o el desconocimiento del legislador en cuanto a las regulaciones urbanísticas, de que la pobreza es una situación que se nutre de dos insumos, el económico y el psicológico que conduce a la frustración, y de ahí a la violencia el camino es muy corto[9].

27. La grave situación sanitaria como consecuencia del COVID-19 es un elemento adicional que confirma la necesidad de modificar los cánones regulatorios urbanísticos, con grandes segmentos de la población muy vulnerable al contagio, por habitar viviendas reducidísimas, pegadas entre sí y un numeroso núcleo familiar; vulnerabilidad que hoy es por ese virus, y a futuro serán otras calamidades igual de peligrosas para ellos y para los demás, mientras vivamos en sociedad.

28. Es necesario reformular la legislación urbanística para que los criterios de desarrollo urbano, superen la mera formalidad para enfocarse en la persona, en el ser humano; desarrollos urbanísticos que promuevan la privacidad familiar, la independencia, con espacios comunes bien diseñados, con infraestructura vial y sanitaria de calidad, que promuevan un sentimiento de pertenencia, que sin duda será un mejor generador de paz social.

Dr. César Hines C

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